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TLAPA, Gro., 16 de marzo de 2014.- A seis meses del paso de los meteoros Ingrid y Manuel el panorama para varias comunidades me´phaa y na savi de la Montaña es desolador, “porque se les ha dejado a los desplazados tener que enfrentar los estragos de las tormentas con sus propios recursos y lo peor es que viven en la incertidumbre de qué pasará ante la nueva temporada de lluvias que se avecina”, lamentó Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
Barrera Hernández explicó que no existen dictámenes que indiquen con mucha precisión que tiene que hacer cada comunidad ante la devastación, donde se reubicarán, en qué condiciones o si estarán cerca de sus anteriores hogares.
Aunque en un principio las propias autoridades federales y estatales hablaron de la participación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) en la dictaminación de reubicación para los pueblos, su participación terminó siendo muy general e incluso Sedatu avisó tardíamente que serían los ayuntamientos los encargados de contratar especialistas para generar los estudios necesarios.
Para el director del Centro de Derechos Humanos asentado en Tlapa, esto representa indolencia e irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno que han estado engañando a la gente con propuestas sin sustento, haciendo evidente que no existe una estrategia de gobierno para dar atención prioritaria a los desplazados.
“Han hablado de la cifra de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción de Guerrero pero no hay partida expresa para las comunidades indígenas”, aseveró Barrera Hernández, quien junto con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña se movilizaron para arrancarle a regañadientes al gobierno, medio año de dotación de maíz a las y los campesinos cuyas cosechas se vieron destruidas.
Además del olvido, existe un desgaste a las comunidades lo cual hace que se dividan, se han mediatizado los pequeños apoyos a la gente y en lugares donde se requiere mayor atención le dan apoyos de manera aislada como son despensas, casas a medias como una manera de debilitarlos como ocurre con la franja de Malinaltepec.
Otras de plano han sido ignoradas, por ejemplo Zontecomapa, Lomadad ubicadas en Acatepec. En Cochoapa el Grande, al campamento de San Miguel Amoltepec el Viejo donde niños, mujeres, señores duermen entre láminas con temperaturas alrededor de los cero grados, el presidente se ha empeñado en dividirlos. En Tlacoapa, mientras el alcalde se pasea por un supermercado de Tlapa, hay gente que vive en la incertidumbre desde hace meses.
Sin embargo, hay algunos esfuerzos autogestivos como en San Marcos, comunidad ñu savi de Metlatónoc que han comenzado su propio proceso de reconstrucción y reubicación, incluso, poyados por especialistas, ya contaban con un estudio especializado sobre las condiciones en las que vive el poblado, mismo que fue ignorado por las autoridades.
“Todo mundo pide recursos pero han ignorado a los desplazados, las autoridades son cómplices de una grave violación a los derechos humanos de los desplazados”, atajó Barrera Hernández.
Es urgente la atención a la salud, alimentación, vivienda digna de las personas vulnerables, indigna y habla mal de las autoridades que haya descoordinación y aparentemente no se sepa quiénes son los responsables de atender los efectos de la devastación, dijo en entrevista.
La postura jurídica de Tlachinollan observa las opciones legales a nivel nacional e internacional frente a la desatención, pero están conscientes de que deben ser los pueblos quienes decidan qué acciones se promoverán para hacer valer sus derechos, aseveró Barrera Hernández.
Mientras tanto, Tlachinollan envió un informe a las relatorías de la ONU para solicitarles se avoquen a pedir informes de cómo se atiende a los desplazados y no con atención parchada, mediatizada que denigra a las familias desplazadas concluyó.