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CHILPANCINGO, Gro., 28 de abril de 2014.- Debido a que en los últimos dos años su aplicación se había desvirtuado con constantes desviaciones, luego de un trabajo colegiado entre la Auditoría Superior de la Federación y las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social, se definieron nuevos lineamientos para establecer con claridad qué obras se pueden realizar conforme a los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, mejor conocido como ramo 33.
Al respecto la delegación de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), federal precisó a través de un comunicado a los alcaldes de los 81 municipios del estado, que los recursos del Ramo 33 están destinados específicamente para el combate a la pobreza y para la infraestructura básica, y que las modificaciones a las reglas de operación de éste, derivaron de las observaciones hechas a los ediles por la Auditoría Superior de la Federación.
La dependencia federal aseguró que en torno a las reglas de operación de los recursos, para el caso de Guerrero, sólo proyecta una buena ejecución de los recursos públicos federales para obras de infraestructura básica y de combate a la pobreza, y que de ninguna manera se trata de restringir la autonomía municipal o de acotar acciones que existían, sino de dar orden, transparencia y coherencia a las acciones, conforme a los objetivos.
Lo anterior luego de la petición de los ediles para que se les permita ejercer un porcentaje importante de éstos recursos para la adquisición de fertilizante a favor de los campesinos, para este año, sin que sean objeto de observaciones, ni sancionados legalmente.
Los recursos deben destinarse a la construcción de obras de infraestructura básica, por lo que no se podrán comprar vehículos, arrendar, pagar nóminas o adquirir insumos, lo cual es un impedimento de origen del programa desde 1997, que surgió como una medida presupuestaria para el combate a la pobreza y marginación.
En el comunicado de prensa, la dependencia federal dio a conocer que la falta de supervisión en que cayó el fondo durante años, ocasionó que se utilizara de manera indebida, como muestran las múltiples observaciones de que fueron objeto los municipios que hicieron de esas prácticas una forma cotidiana de financiamiento.