Proponen aumentar castigo penal a quienes posean automóviles robados

CHILPANCINGO, Gro., 23 de mayo de 2014.- Luego de referir que a nivel nacional, seis de cada diez robos de autos se realizan con violencia, delito que en este 2014 ha aumentado un cuatro por ciento respecto al año anterior, el diputado Omar Jalil Flores Majul señaló que los estados con mayores índices fueron Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas, por lo que propuso castigar hasta con 12 años de prisión en el estado a quienes posean vehículos robados y que no tengan posibilidad de obtener libertad bajo caución, sino que purguen la pena.

El legislador señaló que son necesarias estas medidas dado a que el robo de vehículos es una conducta lesiva a la sociedad y atenta contra el patrimonio de las personas y familias. Explicó que actualmente el robo de autos y su posesión no está considerado en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales como delito grave y es necesario establecer esta figura porque provoca un quebranto patrimonial.

Por ello, dijo que se busca incrementar la pena en la posesión de vehículos robados y que no tengan posibilidad alguna de obtener su libertad, sino pagando la pena prescrita que le imponga el estado, por atentar contra la sociedad y provocar daño social al patrimonio.

Agregó que con esto se busca evitar la interpretación superficial de la Ley, que pueda distorsionar y minimizar la punibilidad del crimen cometido por el sujeto activo, pues hoy en día un poseedor de cualquier tipo de vehículo robado, sin importar como lo adquirió, esta absuelto por poseer algo que no le pertenece y que debe ser evitado.

Por ello, el diputado propuso sancionar de cinco a doce años de prisión y de 200 a 500 días de multa a quien posea todo o en partes con valor monetario, incluyendo camiones, tracto camiones, camionetas o motocicletas de cualquier tipo o modelo.

Así mismo, quien cometa este delito no tendrá derecho a gozar de los beneficios de la remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, que prevé la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad del estado.