Regresan guerrerenses tras laborar 6 meses en campos agrícolas en Jalisco
CHILPANCINGO, Gro., 22 de julio de 2014.- En Guerrero existen unos 150 albergues para menores, adultos mayores y adictos que operan sin ningún control o supervisión, los cuales son administrados por grupos religiosos y seudo religiosos, así como por agrupaciones como Alcohólicos Anónimos y que no se sujetan a normatividad alguna, porque en esta entidad no existe una ley o reglamento en la materia.
Estos centros, que se ubican dispersos en las siete regiones del estado, pero se concentran en Acapulco por su densidad poblacional, por lo general funcionan en condiciones de insalubridad y hacinamiento, se financian de donaciones sobre las que no existe tampoco control y generalmente son manejados por personas a quienes la comunidad les reconoce su altruismo.
Según información obtenida de manera extraoficial, estos centros generalmente se ubican en los barrios marginales, pero también se les puede encontrar en municipios y comunidades apartadas.
En contraparte, los llamados anexos que maneja la agrupación de Alcohólicos Anónimos y que constantemente son denunciados porque quienes son ingresados ahí se dicen víctimas de abuso, han adquirido notoriedad porque a lo largo de los años han estado involucrados, incluso, en casos de violencia y homicidios.
Se presume que en los albergues para menores en situación de calle, sobre todo los que operan en Acapulco, existe el abuso y explotación laborales, sin que las autoridades intervengan. Muchos incluso se financian con la mendicidad de los infantes.
Asimismo, las autoridades argumentan que están impedidos para actuar, entre otros motivos porque en la mayoría de los casos, la propia comunidad respalda a quienes están al frente deseos centros.
Se replica en Guerrero lo que sucede en la mayoría de las entidades del país, donde la ausencia de regulación fomenta la opacidad en el manejo de esos centros, de los que muy pocos cumplen con el objetivo de la beneficencia social.
La situación es tan crítica, que los funcionarios consultados señalaron que no se cuenta siquiera con un padrón o relación de establecimientos de ese tipo, ni en el gobierno estatal, mucho menos en los ayuntamientos.