Posible solución: desaparición de poderes

Corría el año 1995, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu todavía permeaban el ambiente político de nuestro país. El gobierno de Zedillo luchaba por salir de la gran crisis que había heredado de la administración salinista y en Guerrero se cometía una masacre contra campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benitez.

Este asesinato de campesinos, le costó la gubernatura a Rubén Figueroa Alcocer en marzo de 1996 quien dejo en su lugar a Ángel Aguirre Rivero, actual gobernador de la entidad suriana y casualmente en las mismas circunstancias de hoy en día. Figueroa a quienes muchos achacaban la crueldad y el caciquismo de su padre, Rubén Figueroa Figueroa era realmente un junior de la política. Millonario desde joven Figueroa su única aspiración era llegar al poder vía la gubernatura de Guerrero.

Y el gran error de Figueroa fue delegar el poder, dice un clásico de la política que el poder no se comparte, se ejerce. El entonces Presidente Zedillo, quien había quitado ya a varios gobernadores y ante la indignación nacional e internacional por el crimen contra los campesinos, le sugirió la renuncia o una inminente desaparición de poderes. Figueroa lo valoro y decidió irse y que sus operadores políticos en el Congreso Local quedaran, al igual que sus operadores de la justicia, a quienes había nombrado años antes, quedaran en sus posiciones en los tribunales.

Guerrero concentra en grado superlativo todos los problemas y deformaciones del país: pobreza extrema, poca o nula permeabilidad social y acentuados contrastes; debilidad institucional, corrupción, ineficacia de las leyes e impunidad; inseguridad pública, crimen organizado y violencia; pésimo desempeño educativo, escaso capital humano calificado y mínima agregación de valor en los procesos productivos; muy bajas tasas de crecimiento económico, productividad y competitividad; depredación ambiental, voracidad empresarial y grandes negocios inmobiliarios ilegales; y movimientos y revueltas sociales, genuinos o artificiales, al margen de la ley y en muchos casos violentos, como expresiones mezcladas de rebeldía social, disputas políticas, guerra entre cárteles e intereses sindicales. Escenario más complicado solo en películas de ciencia ficción.

Los orígenes, la incubación y el cultivo de esta profunda descomposición se explican por factores diversos de vieja data, pero lo cierto es que, en lugar de contribuir a la solución de los problemas, los últimos gobiernos y grupos de interés los han agudizado. Sobran casos ilustrativos en todos los frentes. Para no ir muy lejos basta recordar que, tras las dramáticas pérdidas humanas y económicas que dejó a su paso el huracán Manuel, el presidente Peña Nieto ordenó investigar las faltas y actos ilícitos de funcionarios y empresarios que, con una corrupción criminal, autorizaron y construyeron desarrollos inmobiliarios en sitios indebidos de alto riesgo para sus habitantes.

En todo caso, la ingobernabilidad en Guerrero, donde los poderes de facto se imponen sobre las instituciones, las autoridades no cumplen sus funciones y la ley del más fuerte arrasa la legalidad, amerita valorar la declaración de desaparición de poderes, en la medida en que, aunque parezca imposible, la situación puede empeorar. Los hechos en Iguala y sus alrededores no dejan lugar a dudas: policías que atacan y matan a civiles desarmados; un presidente municipal prófugo, con indicios de vínculos con el crimen organizado; jóvenes normalistas desparecidos; un nuevo hallazgo de fosas clandestinas; y un gobernador —priista de origen, perredista de circunstancia— que no gobierna.

El presidente Peña dijo, con razón, que el gobierno federal no debe sustituir en sus responsabilidades al gobierno local. Sin embargo, cuando los poderes locales han perdido la capacidad de preservar el orden institucional y el sistema de garantías individuales, el mandato constitucional atribuye al Congreso la posibilidad de intervenir. Es el momento para cambiar de raíz los poderes en Guerrero, ante la ineptitud, corrupción y omisión del poder Ejecutivo, la estulticia, sometimiento y falta de compromiso de los diputados locales, y la corrupción y entrega del poder Judicial. Me parece que se podría dar un redimensionamiento político a nuestro maltrecho y sureño Estado de Guerrero.

ES CUANTO