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OAXACA, OAX., 14 de noviembre de 2014.- La violencia en Guerrero es ancestral y en la década de los 70 se documentaron 610 desapariciones forzadas; ningún caso fue resuelto y ninguna autoridad fue castigada, señalaron activistas y defensores civiles de derechos humanos.
Josefina Martínez Rojas, Felipe Martínez Soriano y Tita Radilla coincidieron también en que la situación en Guerrero como en varias zonas del país es preocupante; “el gobierno federal actual sigue repitiendo las mismas prácticas de represión y la población continúa indefensa y vulnerable”, aseguraron.
En la ciudad de Oaxaca, Josefina Martínez Rojas presentó su libro ‘No me rendí y no me rindo’.
La autora del libro es luchadora social en Oaxaca, esposa de Felipe Martínez, preso político y ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
De acuerdo con la escritora y fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México, durante sus recorridos por las montañas de Guerrero recabaron también testimonios de indígenas acerca de las masacres y desapariciones ocurridas durante los años 70.
Tan sólo en Atoyac de Álvarez, Guerrero, fueron documentadas 410 desapariciones forzadas; además, “encontramos muerta a gente que conocimos, que pedía alto a la represión de caciques; como describo en el libro, les sacaron los ojos, les cortaron los testículos, la lengua, entonces siempre se han dado esas cuestiones tan crudas” en Guerrero, informó.
La activista se pronunció por castigo a los responsables de los recientes hechos en Iguala, Guerrero, y la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ‘Raúl Isidro Burgos’.
Por su parte, Tita Radilla, hija del Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido desde hace más de cuatro décadas en ese estado, dijo que indagaron que desde 1967 ocurrieron los primeros hechos de represión; tras la desaparición de su padre por parte del Estado, en 1974 se incorporó a la búsqueda junto con diversos organismos civiles.
No fue sino hasta el 2009 en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a acotar el fuero militar debido a ese caso, resolución que fue ratificada en 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A su vez, el también activista Felipe Martínez Soriano, acusado de pertenecer a la guerrilla en Oaxaca, médico de profesión y rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de 1976 a 1977, lamentó que a más de cuatro décadas, continúe la misma situación en Guerrero.
“Parece que habíamos superado esa etapa, pero no, más bien se ha regresado a cuestiones de ese tipo; siguen muy terribles, por ejemplo Tlatlaya, Ayotzinapa y otros; ya están sucediendo problemas serios. Esto realmente no debiera repetirse, pero sucede y hoy parece que los gobiernos, el actual, está empeñado en radicalizar las cosas, criminalizar las cosas, procurar que no haya una protesta”, acusó.