Teléfono rojo
Hace unos días, el Presidente Peña Nieto anunció importantes medidas que su gobierno tomará para investigar los escándalos de las casas de su esposa, del Secretario Videragay y una de él mismo. Sabe bien el Presidente que de no esclarecer estos temas, su margen de maniobra para implementar las reformas en las que invirtió los dos primeros años de su gobierno puede complicarse demasiado. De no hacerlo, el manto de la sospecha caería, inevitablemente, sobre todas y cada una de las licitaciones que faltan por desahogarse en estos meses y años venideros. Justamente por eso, decidió ir más allá de la investigación sobre las casas y los contratistas: a partir de ahora se establecerán protocolos para prevenir que cualquier contratación o licitación pública pueda verse contaminada por la posible existencia de algún “conflicto de interés”.
Pero ya hay procesos en marcha con los que tendrán que ser en extremo escrupulosos para que ningún cabo suelto ensucie los procesos, en lo que nuevo titular aterriza en la Secretaría de la Función Pública, y comienza la operación de estas varias instrucciones del Ejecutivo. Cuestionado el nuevo Secretario Andrade por depender del Ejecutivo a quien va a investigar, seguramente no tendrá mucho margen de maniobra en sus actuaciones. Reconociendo sin embargo, que al sustituir al encargado del despacho de SEFUPU desde el inicio del gobierno, EPN ha dado un paso importante, pero lamentablemente la sociedad mexicana en su conjunto esperaba un ente de combate a la corrupción independiente, con un marco legal específico y nombrado por el Congreso de la Unión.
Analizando estadísticas sobre la materia, encontramos que de acuerdo al último reporte del Barómetro Global de la Corrupción 2014 publicado hace unas semanas por la organización Transparencia Internacional, el 43 por ciento de los mexicanos cree que el Gobierno fomenta la corrupción. Ya, a nivel mundial, el 69 por ciento de los encuestados afirman que sus gobiernos no son eficaces ante esta lucha, que no hacen lo más mínimo por erradicarla o que en realidad, fomentan la corrupción.
Y razón no les falta a los mexicanos y a los ciudadanos del mundo. En nuestro caso México, la corrupción imperó durante los 12 años de la administración panistas y en varias ocasiones supero a los regímenes priístas. Es decir, los panistas de los gobiernos anteriores fueron igual o más corruptos que los priístas de antaño, con claras y pocas excepciones en ambos casos.
Con toda certeza se puede afirmar que los hechos de corrupción que aparecen cotidianamente en los medios, son apenas la punta del iceberg en el cual ha estado sumida “ la familia presidencial” con la ya famosa versión a la mexicana de la Casa Blanca, el gobierno de Peña Nieto a pesar de los cambios legales no ha querido ni podido frente al fenómeno de corrupción.
Fue muy sorprendente que en la pasada campaña electoral la corrupción, un tema fundamental, fue poco mencionada por los diferentes candidatos. Y ello fue así porque los partidos de una u otra forma también han caído en las garras de la corrupción, con lo cual la situación se torna muy complicada. Fue y ha sido frustrante, ver cómo actos claros de corrupción han terminado no en la cárcel, sino meramente con una renuncia o quizás con alguna inhabilitación, que con un buen abogado se gana el caso al gobierno y el responsable se puede incorporar nuevamente al servicio público.
La administración federal del Presidente Peña a través de la Secretaría de la Función Pública, deben de mandar mensajes muy claros a los corruptos. A quienes cometen esas acciones deben de saber que serán condenados conforme a la ley, sin ninguna amnistía. Aplicar políticas suaves, según sea el funcionario, es lo más grave que nos pueda ocurrir. Lo importante es mandar señales claras de que la ley se cumple en todos sus términos.
También es de destacarse que la corrupción no sólo es de los funcionarios públicos sino que participan activamente empresarios, como ha sido claramente demostrado durante la anterior administración federal; también para ellos deberían aplicarse sanciones de conformidad con la ley, pero no se ejercen o se hacen de manera tardía y mal, por lo que los involucrados son puestos en libertad si llegan a pisar la cárcel, cosa que pocas veces ocurre. En la historia de México casi siempre han ganado los corruptos, lamentablemente.
ES CUANTO