Reliquias de San Judas Tadeo llegarán a Guerrero: arzobispo
CHILPANCINGO, Gro., 6 de marzo de 2015.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que no hay condiciones para que se desarrollen elecciones en Guerrero, porque los candidatos a puestos de elección popular tienen vínculos con la delincuencia organizada.
El defensor aclaró que la intención es suspender las elecciones sólamente en Guerrero, no a nivel nacional, porque en los estados del norte de la república se vive “otra realidad”.
Sostuvo que el caso Ayotzinapa debe sentar un precedente para evitar que en Guerrero vote otra vez por políticos ligados al crimen organizado, como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
“Es un caso que condensa a políticos corruptos, a una clase política que ha perdido el rumbo. No podemos ir a elecciones en esas condiciones”, expresó.
Rosales Sierra tomó como ejemplo a Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista a la gubernatura de Guerrero y ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a quien se le acusó de ordenar el desalojo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, con el saldo de dos estudiantes muertos a balazos.
“No podemos votar por candiatos como él, con un cúmulo de violaciones que no han quedado esclarecidas”, advirtió el abogado.
Otro caso, dijo, es el de Carlos Reyes Torres, ex presidente estatal del PRD y actual aspirante a una diputación local por la vía plurinominal.
A principios de 2014, Carlos Reyes Torres y su hermano Crescencio fueron acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en un video difundido en internet por el líder del grupo delictivo Los Caballeros Templario, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
“Carlos Reyes es una de las muestras de que entre los candidatos hay gente señalada de tener vínculos. Es gente como él, es una clase política que enfrenta investigaciones, que se habla de posibles nexos con el crimen organizado, son esas las opciones que los guerrerenses tenemos para elegir”, recriminó el abogado de Tlachinollan.
Sostuvo que votar por candidatos vinculados al crimen es “votar por otro caso Ayotzinapa”, porque se instala a la delincuencia en puestos de poder.
Por ello, solicitó a los diputados que hagan un llamamiento para la suspensión de las elecciones.
Rosales Sierra consideró que lo adecuado es que el estado entre en un “periodo de reflexión y análisis”, para depurar a la clase política corrupta.
Recordó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) abrió investigaciones contra varios alcaldes, priístas y perredistas, con vínculos claros con la delincuencia organizada.