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Mejora Gobierno Acapulco imagen de la franja turística
CHILPANCINGO, Gro., 10 de abril de 2015.- El diputado local del PAN, César Quevedo Inzunza, presentó una iniciativa de reforma y adición al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para tener mayor control y certeza en la designación de jefes policiacos o encargados de la seguridad pública en los municipios.
El legislador advirtió que actualmente la legislación municipal no es congruente a lo ordenado en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, insistió en la necesidad de adecuar la legislación, para asegurar que la designación de jefes policiacos en los municipios se haga en apego a los principios de profesionalismo, capacidad, honradez e imparcialidad en la aplicación de sus funciones.
Con la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, previo al nombramiento del jefe del a policía y sus principales colaboradores, el ayuntamiento deberá de verificar que el prospecto sea mexicano de nacimiento, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tenga amplio conocimiento y experiencia en la función de seguridad pública; posea el grado mínimo de escolaridad de licenciatura, contando con título y cédula profesional expedidos por las autoridades correspondientes o estudios superiores afines en materia de seguridad pública.
También se tendrá que verificar que no tenga adicciones; no esté procesado ni haya sido condenado por delito doloso y no tenga en contra resoluciones derivadas de recomendaciones emitidas por organismos de defensa de los derechos humanos.
El prospecto a jefe policiaco municipal y sus colaboradores cercanos deberán de presentar certificación de no antecedentes criminalísticos, constancia de inscripción en el Sistema de Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario.
Obligatoriamente deberán de presentar un certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Otro agregado es que forzosamente mostrarán declaración de situación patrimonial previo al nombramiento, para descartar que haya enriquecimiento ilícito.