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CHILPANCINGO, Gro., 2 de junio de 2015.- El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez negó que utilice su poder para proteger a sus hermanos, Celso y Antonio Ortega Jiménez, presuntos líderes del grupo delictivo Los Ardillos, afincado en el municipio de Quechultenango.
El sábado 30 de mayo, los familiares de las 16 personas desaparecidas durante la irrupción de 300 hombres armados a la cabecera municipal de Chilapa responsabilizaron de este hecho a Bernardo Ortega Jiménez.
También exigieron la presencia del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, para que explique por qué el sol azteca encumbró a dicho personaje, a pesar de que sus hermanos dirigen un cártel del narcotráfico.
Los familiares de las víctimas culparon a Los Ardillos de la escalada de violencia que se vive en Chilapa, ante la pugna que mantienen con el cártel de Los Rojos por el control de la plaza.
De 2014 a la fecha, esta guerra entre grupos criminales dejó un saldo de 105 asesinatos; en lo que va de 2015 hay 44 desapariciones documentadas. Ortega Jiménez, negó que aproveche su cargo para proteger al grupo delictivo Los Ardillos, presuntamente liderado por su hermano Celso, para quien solicitó la aplicación de la ley si hay elementos para ello, luego cuestionó la intencionalidad política de José Díaz Navarro, vocero de los familiares de 16 desaparecidos en Chilapa.
Al respecto, el líder del Congreso de Guerrero dijo que respeta el dolor y sufrimiento de las víctimas por la violencia en Chilapa y aclaró que él no tiene responsabilidad.
Aseguró que no utiliza su poder para proteger al cártel presuntamente liderado por sus hermanos: “Lo digo y lo sostengo, en ninguna de mis responsabilidades públicas he protegido o solapado a quienes violan la ley y mucho menos en casos graves”, expresó.
El legislador indicó que hace 10 años no tiene contacto con sus hermanos y reiteró su llamado a las autoridades para que se aplique la justicia a los responsables de la violencia, sin importar si son o no de su familia.
El presidente del Congreso recriminó que se le señale en base a suposiciones y sin pruebas reales que sustenten las acusaciones.
Dijo que está en la disposición de que las autoridades competentes lo investiguen y revisen su actuación como representante popular; en caso de que lo encuentren culpable, aseguró que está dispuesto a que se le sancione.