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ACAPULCO Gro., 6 septiembre de 2015.- El gobernador de Guerrero Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a la liberación de la integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), María de la Cruz Dorantes, quien lleva 11 meses presa en el penal de Acapulco acusada de robo.
“Aquí vamos a traer a su mamá, a María de la Cruz, nos comprometemos y lo vamos a lograr”, le dijo el gobernador a los hijos de la integrante del CECOP que se encontraban en la comunidad de La Concepción en la asamblea dominical conmemorando los 12 años de la lucha contra la construcción de la presa La Parota.
Ortega Martínez también aseguró que pese a que le falta poco más de un mes para concluir su periodo al frente del ejecutivo estatal, se trabajará “para lograr que las y los luchadores sociales obtengan su libertad, es nuestro compromiso ahora y lo seguirá siendo”.
Los integrantes del CECOP pidieron al mandatario estatal, la liberación de presos políticos, así como la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que pesan contra miembros de su organización.
Los comuneros solicitaron al gobernador, la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado, los también miembros de esta organización, Gonzalo Molina y Arturo Campos.
Por su parte, el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, afirmó que ante las órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros, estos no pueden salir a Acapulco por temor de que “ministeriales mañosos” los detengan.
Aseguró que la lucha contra la construcción de la presa La Parota sigue, así como la intención de sacar a la empresa gravillera Kimbar de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Denunció que hay amenazas de muerte en su contra y señaló que detrás de todo esto se encuentra el empresario gravillero Humberto Marín Molina, al que pidió se le investigue, pues pese a que hay denuncias contra él en el Ministerio Público, así como en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y tribunales agrarios, “nadie ha movido un dedo para meterlo a la cárcel”.
También pidió cárcel para sus adversarios Domingo Bailón, Jacinto Solís Vázquez, así como para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex coordinador de Planes y Proyectos Estratégicos Ernesto Aguirre a quien señaló de auspiciar a Marín Molina.
Ante las amenazas, afirmó que ha pedido medidas cautelares ante la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos humanos (Coddehum) y se le han negado, por lo que dijo que le haría la petición al gobernador.
Con la voz entrecortada, aseguró que el año dos meses que estuvo encarcelado le generó problemas en su salud, pues bajó 30 kilos y sufre de dolor en la columna vertebral.