Piden incorporar lenguaje incluyente y no sexista en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 13 de septiembre de 2015.- La fracción legislativa local de Movimiento Ciudadano (MC) propuso que un fiscal internacional conduzca la investigación del caso Ayotzinapa y que el Congreso de Guerrero nombre a una comisión de seguimiento y a una comisión de la verdad que investiguen los hechos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja fue el encargado de presentar en Tribuna el posicionamiento de la bancada de MC durante la toma de protesta de la 61 Legislatura.
El posicionamiento giró en torno al descrédito del Poder Legislativo y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
“El Poder Legislativo debe poner fin a la morosidad, la ineficiencia y el descrédito social (…). El Congreso requiere cirugía mayor en materia de transparencia, acceso a la información, modernización administrativa y de los procesos legislativos”, sentenció.
El diputado del partido naranja reconoció que Guerrero “vive momentos muy difíciles en materia de seguridad, justicia y rendición de cuentas”, porque “prevalece la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias en los poderes públicos, federales y estatales”.
Mejía Berdeja calificó como “alarmantes” los niveles de impunidad y la infiltración de la delincuencia en el ámbito gubernamental.
Aseguró que la crisis económica, la “fallida estrategia” de combate al crimen organizado y “las reformas regresivas” del Pacto por México polarizaron a la sociedad y sembraron la desesperanza.
El más claro ejemplo, dijo, fue la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; destacó que este caso “exhibió como nunca antes” la incapacidad del Estado para brindar seguridad y justicia.
Por ello, la fracción de Movimiento Ciudadano hizo tres propuestas para integrar la agenda del Congreso de Guerrero en torno al caso Ayotzinapa.
La primera propuesta fue discutir y aprobar la Ley estatal que crea la Comisión de la Verdad para la investigación de los asesinatos, la desaparición forzada de 43 normalistas y las violaciones a los derechos humanos durante los sucesos ocurridos a partir del 26 de septiembre en Iguala.
La segunda propuesta fue aprobar un decreto por el que se declara el 26 de septiembre como día de duelo para todo el estado de Guerrero, con motivo de los asesinatos y las desapariciones forzadas, ocurridas en la ciudad de Iguala, debiendo izarse la bandera nacional a media asta.
La tercera propuesta fue un acuerdo parlamentario por el que se nombra la Comisión para el Seguimiento de la Investigación del Caso Iguala.
Además, en voz de Mejía Berdeja, la fracción de Movimiento Ciudadano exigió que un fiscal internacional sea quien conduzca las investigaciones del caso Iguala.
El argumento de los legisladores fue que el Estado mexicano ya perdió toda confiabilidad para conducir una investigación objetiva, profesional y exhaustiva para esclarecer los hechos.
Mejía Berdeja destacó que las versiones de la Procuraduría General de la República en torno al caso Ayotzinapa terminaron por derrumbarse.
Aseguró que la supuesta incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula fue “una mentira construida para salir al paso de la creciente presión nacional y mundial”.
También cuestionó la cerrazón del gobierno federal para que los elementos del Ejército fueran debidamente investigados y el intento de desprestigio hacia las investigaciones independientes que han exhibido los errores de la PGR.
Por ello, Movimiento Ciudadano demandó una investigación conducida por un fiscal internacional con la coadyuvancia de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyas pesquisas las haga suyas el ministerio público para ejercitar la acción penal correspondiente.
Otra de las propuestas de la bancada naranja fue la construcción de la Ley para la Revocación del Mandato para el Estado y los Municipios de Guerrero.
“La revocación del mandato es un elemento fundamental para fortalecer la democracia y el control ciudadano sobre el actuar del gobierno. Con la revocación del mandato los gobernantes corruptos, negligentes o irresponsables son relevados por los ciudadanos. El que no cumple, se va”, expuso Mejía Berdeja.