Inaugura y bendice arzobispo de Acapulco oficinas de Quadratín Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 12 de octubre de 2015.- “El 2013 fue el año más sanguinario, el peor para la lucha social”, aseguró la ex regidora y dirigente social Sofía Lorena Mendoza Martínez.
Recordó que en ese año “se reprimió, se asesinó, se hostigó y se encarceló” a varios activistas guerrerenses.
El 31 de mayo de 2013 fueron asesinados su esposo Arturo Hernández Cardona y dos integrantes más de la organización Unidad Popular (UP); el crimen presuntamente fue perpetrado por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente se encuentra preso por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El 19 de octubre de ese mismo año fue asesinada la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino.
El seis de agosto se encontró el cuerpo de Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), junto a otros dos compañeros de la organización.
El 10 de noviembre fue asesinado el dirigente de la Unión de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, junto con su pareja, Ana Lilia Gatica.
También en 2013 fueron encarcelados la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Tixtla, Gonzalo Molina González.
“Todo fue en serie, cada mes había algo, ya no veíamos por donde salir adelante y el que estaba de gobernador, Ángel Aguirre Rivero, parecía que no se daba cuenta de las cosas”, recriminó Mendoza Martínez.
Dijo que, a su parecer, el gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez “llegó solamente a cubrir los espacios, a trabajar en el tema administrativo”, pero no se ha preocupado por la procuración de justicia.
“Solamente miramos los vehículos blindados de la Fiscalía, los empleados muy bien vestidos y tomándose su cafecito por las mañanas”, recriminó.
La viuda de Hernández Cardona aseguró que la Fiscalía malgasta el presupuesto y la calificó como “un elefante blanco”.
Sostuvo que los dirigentes sociales asesinados no eran delincuentes y que todos fueron asesinados por el Estado.
Durante la protesta realizada en la Fiscalía General del Estado, Sofía Lorena Mendoza Martínez le recordó al fiscal que el 1 de diciembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le emitió medidas cautelares, las cuales no han sido cumplidas.