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ACAPULCO, Gro., 5 de febrero de 2016.- Guerrero es uno de los estados con un nivel muy alto de impunidad debido a que el sistema se seguridad y justicia es deficiente, a pesar de cuenta con mucho personal dedicado a la estructura judicial y de seguridad.
El Índice Global de Impunidad México (IGI Mex) 2016, el cual es un estudio realizado por el Centro de Estudio sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), destaca que fallas en el proceso de enjuiciamiento que permiten que varios delincuentes no encuentren castigo.
De acuerdo con los resultados del IGI-MEX, Guerrero tiene una cifra negra de impunidad de 95.8, superior a la nacional que es de 92.8, lo que indica que existe una baja cultura de la denuncia y una muy alta desconfianza a las instituciones de seguridad y justicia.
La dimensión de cifra negra permite identificar actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística.
Esta dimensión se mide a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza de manera anual, la cual permite estimar la magnitud de los delitos que no llegan al sistema y que potencialmente deberían ser atendidos también por el Estado.
En el caso de la dimensión estructural-justicia se cuenta con un número similar de personal total en el Tribunal Superior de Justicia, 33.5, que la media nacional 34.3. Sin embargo, tiene más magistrados y jueces, 4.8 sobre 3.5; y menos secretarios, 8.3 frente a 11.9. Es decir, que existe más personal que se dedica a juzgar y menos dedicado a funciones de oficina o burocráticas.
El porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios en el estado destaca que poco más de la mitad de reclusos aún espera resolución en su juicio, ya que la cifra es de 48 por ciento, mientras que la nacional es de 58 por ciento, lo que quiere decir que hay 10 por ciento más de personas que la media nacional en algún penal del estado sin sentencia.
En el caso del rubro de porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia, el estado presenta una cifra de 52 por ciento, cuando la nacional es de 36 por ciento.
La entidad muestra un comportamiento similar a la media nacional, sin embargo, el número de averiguaciones previas determinadas es exactamente el mismo que el de averiguaciones previas, 28 mil 905.
Esto indica dos posibilidades: que todas las averiguaciones previas ameritaron una determinación o, lo más probable, que se reportó la misma información en ambos rubros, lo que podría indicar una irregularidad en cuanto a reporte de delitos porque, de acuerdo con la información de otros estados en donde regularmente la cifra entre estos dos rubros varía, es muy difícil considerar que el total de averiguaciones previas se ameritaron una determinación.
De las 28 mil 905 averiguaciones previas abiertas en 2014, solo el 23 por ciento pasaron al proceso de causa y de ellas el seis por ciento alcanzaron sentencias condenatorias.
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Guerrero, son: robo de vehículos, otros robos, lesiones, daño a la propiedad y homicidio.
En el estado hay 2.2 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, un poco menos que las 3.2 que hay en el promedio nacional. En las agencias trabajan 11 agentes del Ministerio Público por cada mil delitos registrados, lo que significa poco más del doble de la media nacional que es de 5.
Por otro lado, el número de policías judiciales en Guerrero por cada 100 mil habitantes es el doble que los reportados en la media nacional, 22 por 11.
Y el personal destinado a funciones de Seguridad Pública por 100 mil habitantes supera igualmente a la media nacional 187 sobre 160.
Este estudio refleja que hay personal suficiente para cubrir las necesidades de la dimensión estructural- seguridad, sin embargo para ese año, tenía solo el 16 por ciento de su personal de seguridad aprobado, cifra menor al esfuerzo nacional registrado del 28 por ciento ara 2013.