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TIXTLA, Gro., 10 de febrero de 2016.- El presidente municipal de Tixtla, el perredista Hossein Nabor Guillén, acusó a los anteriores presidentes municipales y funcionarios de haberle heredado una deuda de más de 120 millones de pesos; la más grave, dijo, es la que se tiene que pagar por laudos laborales que asciende a 35 millones de pesos.
En conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Tixtla, Nabor Guillén, quien estuvo acompañado por su cabildo, comentó que están realizando el recuento de los faltantes para denunciarlos ante la Auditoría General del Estado (AGE) en contra de quien resulte responsable.
En el área de Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) manifestó que siendo un organismo público no descentralizado que depende del Ayuntamiento tiene un adeudo de más de 5 millones de pesos.
“Lo que más me preocupa son los laudos, la síndica Gloria Martínez Martínez, a quien le llegó una notificación por parte de un jurídico de que puede incluso ser destituida del cargo si hace caso omiso al pago de liquidaciones, algo que es injusto porque nosotros estamos pagando los platos rotos de otras administraciones que por omisión de mal trato en estos asuntos laborales nos tienen en esta situación”, dijo.
Hay adeudos también que se tienen que pagar en pensiones alimenticias, préstamos y anticipos del gobierno del estado que tuvo que otorgar para el pago de aguinaldos a trabajadores; gastos médicos, alumbrado público, seguro de vida para policías y el plan flexible.
“Hay un juicio ejecutivo mercantil también que no se le ha dado la atención y que fue generado desde el 2010, producto de la compra de fertilizante que por intereses moratorios asciende a 69 millones de pesos”, aseguró el alcalde.
En cuanto al problema del agua, indicó que hicieron una declaratoria de emergencia en reunión de cabildo, ya que en 1967, la presa que está en los alrededores de la ciudad estaba destinada para abastecer de agua potable a 10 mil habitantes, lo que dijo ya es insuficiente puesto que ahora tan sólo en la cabecera viven 23 mil personas.
Mencionó que ya hicieron una gestión ante el gobierno federal para que se hagan tandeos y llevar agua en pipas hasta las viviendas, ya que la presa únicamente abastece cada mes y medio a las viviendas.
Por último, dijo que se informará por escrito ante la Auditoría General del Estado todas las anomalías encontradas, esto para que los culpables de cualquier desvío de recursos respondan por estos hechos que consideró como “impagables” para su administración.