La defensa de la impunidad y la falsa partidización

Si algo ha dañado a la estabilidad social de Guerrero y del país, y es una de las causas principales de la violencia, es la vinculación del crimen organizado con las autoridades: la llamada narcopolítica.

Este terrible contubernio que permite la permanencia de los delincuentes en áreas de un gobierno como resultado del intercambio de favores entre políticos y criminales ha afectado enormemente la concordia social.

Estos arreglos se expresan a nivel municipal, entre otros elementos, en la entrega de las policías municipales a los delincuentes, que mantienen el control de estas corporaciones con la actitud cómplice de la autoridad.

Por esa razón, las leyes en materia de seguridad del país y del estado han venido estableciendo mayores requisitos en el ingreso y permanencia de los elementos de las corporaciones policiacas, y por otro lado se ha empujado la adopción del mando único policial como una medida para mejorar la estrategia de seguridad. Aquellos alcaldes que sabotean la certificación y el mando único evidentemente defienden intereses oscuros e ilegítimos.

Es un deber ético y la primera responsabilidad de quien tiene un genuino compromiso con la ciudadanía contribuir a limpiar las policías y hacer el esfuerzo que le corresponde, en la esfera de su competencia, para que se mejore la seguridad pública.

Sin embargo, la actitud que han asumido los dirigentes de la corriente Nueva Izquierda (Nueva Mayoría, en Guerrero) de cobijar políticamente a quienes violan sistemáticamente la ley, es una muestra fehaciente de que su compromiso está con su facción y sus complicidades, y no con la ciudadanía.

Frente a la detención del alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez, y la denuncia penal en contra del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, han llamado a una guerra de odio contra Movimiento Ciudadano por denunciar el actuar delictivo del edil porteño.

Como lo decíamos en este mismo espacio, están actuando exactamente de la misma manera que lo hicieron con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, cuando se le acusaba de diferentes delitos y esgrimían que era un tema político y perseguían a quienes señalaban sus delitos.

Ahora, frente a la detención del alcalde de Cocula, acusado de delitos contra la salud y la denuncia penal contra Evodio Velázquez por delitos contra el sistema nacional de seguridad pública argumentan que son temas políticos sin reparar en las graves violaciones a ley de esos presidentes municipales.

Es claro que van a seguir tratando de frenar la actuación de la justicia con ese discurso de la falsa partidización, para que sus casos se sepulten y evitar así que otros alcaldes que puedan estar en malos pasos sean también investigados por las autoridades. Cierran filas para la impunidad. 

Esa postura de complicidad de los dirigentes de esa corriente del PRD debe quedar de manifiesto ante la ciudadanía, que no se deja engañar y que ya no quiere más violencia auspiciada por las autoridades.

Se debe aplicar la ley sin distingos partidistas, pero sin caer en las presiones y chantajes de quienes quieren que la narcopolítica siga en la impunidad.

Seguiremos elevando la voz, defendiendo a la ciudadanía. Sólo así será posible recuperar nuestra seguridad.