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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de mayo de 2016.- Este martes, 10 de mayo de 2016 entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nuevo marco normativo que se aplicará para los 882 sujetos obligados del ámbito federal.
Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto, firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública consta de 206 artículos y nueve artículos transitorios, y está armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria de la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, de febrero de 2014.
Tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Este marco normativo define que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Asimismo, establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fija los procedimientos y plazos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, además que señala las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados en el ámbito federal.
Se detallan obligaciones de transparencia al Poder Ejecutivo Federal en las materias de fuerzas armadas, hacendaria, población, seguridad pública y procuración de justicia, política exterior, medio ambiente y recursos naturales, economía, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, comunicaciones y transportes, educación y cultura, salud, trabajo y previsión social, turismo y desarrollo agrario, territorial y urbano.
También para los poderes Judicial y Legislativo federales, así como a los órganos autónomos como el Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Fiscalía General de la República, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En materia energética, hay obligaciones de transparencia específicas para la Secretaría de Energía, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales.
En total, son 247 nuevas obligaciones específicas que los sujetos obligados, en el ámbito de sus atribuciones, deberán cumplir de forma adicional a las ya establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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