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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre de 2016.- La corrupción no es un problema exclusivo de los gobiernos, también lo es de los particulares y de las empresas porque inhibe la inversión, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.
“La corrupción no sólo es cosa del sector público. Puesto que pone en riesgo las inversiones del sector privado, éste debe involucrarse en la prevención de la corrupción”, señaló al impartir la conferencia Transparencia y anticorrupción: certeza para las inversiones, durante la sesión mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Ciudad de México.
El comisionado refirió que este problema reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos, profundiza la desigualdad y, por tanto, disminuye el crecimiento.
Señaló que los empresarios pueden proponer acciones para prevenir la corrupción, a parte de las que ya están previstas en el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Como parte de una gestión responsable de sus negocios, pueden impulsar e involucrarse en acciones para conformar una agenda de prevención de la corrupción. Ustedes conocen las áreas vulnerables y pueden señalarlas a la población en general para que las autoridades que cometieron actos de corrupción sean identificadas o se disuadan de incurrir en éstos”, apuntó.
Salas Suárez subrayó que hay tres vías para que los empresarios y expertos en finanzas del país, ayuden a prevenir la corrupción: los espacios de Gobierno Abierto; la exigencia de mayor transparencia en el sector público, y la transparencia y rendición de cuentas corporativas.
Precisó que los ejercicios de Gobierno Abierto, tanto a nivel federal como local, son espacios que los empresarios pueden ocupar para promover una agenda anticorrupción, de acuerdo a sus necesidades.
“Los empresarios pueden señalar las áreas sensibles a la corrupción y proponer acciones para prevenirla en sus estados”, expuso el comisionado del INAI.
Indicó que los negocios en el sector público deben ser transparentes, para que haya confianza entre los actores involucrados y se garantice la libre competencia.
“Por ejemplo, en las contrataciones públicas, es crucial que todas las partes dispongan de información para reducir las asimetrías y haya un mejor desempeño contractual y mejores resultados tanto para quienes invierten como para los beneficiarios. La información pública dará certeza de los pasos a seguir, los costos y tiempos de los trámites y el responsable de cada uno de ellos”, destacó.
En cuanto a la propuesta de impulsar la transparencia en el sector empresarial, Joel Salas apuntó que sólo el 48 por ciento de las grandes compañías del país tienen un programa formal y por escrito contra el soborno y la corrupción, según la encuesta realizada en 2015 por KPMG (firma de asesoría a empresas).
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