Reversa a Fuerzas Armadas, cuando las condiciones lo permitan: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2016.- Todos podríamos coincidir en que 2016 ha sido uno de los años más dramáticos y violentos en el que las huellas nocivas de la criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en el ámbito de la protección de los derechos humanos, aseguró el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que la expresión del descontento ha llegado al extremo del elogio y reconocimiento social a quien toma la justicia en sus manos. O bien, a la promoción de iniciativas que de prosperar podrían reforzar la práctica de la venganza privada, al pretender depositar en el ciudadano la responsabilidad de preservar su seguridad, pero que en realidad sólo minarían el control que el Estado está obligado a ejercer sobre la dinámica delictiva.

En un tema que causó reclamo del propio secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, 10 años después que el Ejército salió de sus cuarteles para patrullar calles de ciudades y pueblos, González Pérez se pronunció a que las Fuerzas Armadas deben volver a las funciones que le son propias cuando las condiciones del país así lo permitan.

Para ello, se debe establecer una ruta gradual y verificable, pues señaló que el carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.

Durante su intervención en la Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial, el titular de la CNDH insistió que el respeto a los derechos humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido, el relativo a la seguridad en todas sus dimensiones de los mexicanos.

“Cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores, necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que prevé la Constitución”, conminó.

Apuntó que la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, no obstante, por graves que sean las circunstancias que atraviesa el país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que se le son propias ni debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.

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