México ante su mayor amenaza
Políticos, intelectuales y periodistas, afines y no afines al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han dicho de manera reiterada en los últimos días que en el tema del gasolinazo el verdadero problema ha sido su deficiente y fallida comunicación.
Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, ha llegado a decir que Peña Nieto ha renunciado a su derecho de ofrecer una explicación “pedagógica” de la medida y reprocha “el silencio del gobierno” ante el embate despiadado de críticos y opositores.
Hay quienes también, bajo el argumento de que el grupo en el poder carece de habilidad política, sostienen que con una estrategia eficaz y una “buena comunicación”, el Presidente pudo haber sorteado mejor esta crisis.
Sin duda se trata de justificaciones vanas, ante una medida indefendible, inexplicable e incomunicable. Pero el recurso de echarle la culpa a una “mala comunicación” no es nuevo y se ha vuelto frecuente en los casos de desgaste en el ejercicio del poder.
Se olvida que la comunicación no está para eliminar o solucionar los problemas de la política. La comunicación gubernamental sirve para acompañar y encarar las decisiones del gobierno, no para maquillarlas o corregirlas si están mal.
Mario Riorda lo resume así: “Si hay una expresión que sintetiza a un gobierno que tiene problemas es esta: gobierno bien, pero comunico mal. Y así, la política como entidad mayor, rectora de todo, se saca el lastre frente a la opinión pública y le delega toda la responsabilidad a la comunicación. Le pide hacerse cargo de justificar lo que muchas veces es injustificable. […] La comunicación gubernamental tiene un objetivo: aportar a la construcción del consenso. Si no hay consenso, no es un problema comunicacional. Es un problema político. Punto”.
La comunicación y la política gubernamental están unidas principalmente por el hecho de que el gobierno necesita aumentar o mantener su poder, por medio del consenso y la concertación de voluntades. Esto no significa que el consenso sea el resultado de sólo aplicar mecanismos de comunicación pura.
Desde uno de los distintos enfoques de los especialistas, el éxito o fracaso de la comunicación gubernamental depende de un proceso conocido como la espiral consenso-disenso (acuerdo o desacuerdo), en el cual intervienen cinco factores: la reputación, la credibilidad, la legitimidad, la confianza y la institucionalidad.
De acuerdo con este modelo, desarrollado por Luciano Elizalde, el problema del consenso-disenso es un proceso en espiral permanente, que sube (consenso) o que baja (disenso), y que consiste en el siguiente esquema:
A) La REPUTACIÓN de un gobierno se activa positiva o negativamente cuando surge alguna duda o se llega a una certeza sobre su capacidad esperada.
B) La ganancia o la pérdida de reputación provoca que aumente o disminuya la CREDIBILIDAD sobre cualquier decisión o tema del gobierno, o sobre algunos asuntos en específico.
C) El aumento o disminución de la credibilidad propicia o dificulta la construcción de consensos, y por ende, la eficacia de campañas o llamados explícitos de respaldo a las decisiones, lo cual modifica el nivel de LEGITIMIDAD gubernamental, sea en la percepción o en los hechos.
D) La modificación a favor o en contra de los niveles de legitimidad dejan, en consecuencia, un proceso ya sea de fortalecimiento o de disolución de la CONFIANZA hacia el gobierno.
F) Y una alteración en los niveles de confianza traerán consigo un incremento o una pérdida en los niveles de INSTITUCIONALIDAD gubernamental.
En el caso del presidente Peña Nieto, sus niveles de reputación, credibilidad, legitimidad, confianza e institucionalidad, están por los suelos en la espiral consenso-disenso. De tal manera que, como dice Riorda, el problema es de política, no de comunicación.
Bajo ese esquema, la eficacia de la comunicación gubernamental depende fundamentalmente de la eficacia de la política gubernamental. No al revés. Entonces, es un mito aquello de que la comunicación es la pieza que bien aplicada salvaría al gobierno de su descrédito o de cualquier mala decisión política como la del gasolinazo.