CNDH advierte riesgos en Ley de Seguridad Interior; Peña ignora

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril de 2017.- Pese a que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió de riesgos en la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la República Enrique Peña Nieto parece ignorar la recomendación y insiste en avanzar hacia un marco normativo que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Al rendir su Informe Anual de Actividades 2016, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que la existencia de una ley que regule las tareas que con carácter extraordinario llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace más de 10 años, respecto a la seguridad de las personas, “no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta.”

En un evento que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial, la autoridad encargada de garantizar los derechos de los habitantes aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado.

El presidente de la CNDH señaló que esta decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior, requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta nuestro país, las consecuencias, tanto positivas como negativas que ha ocasionado la actividad de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, aconsejó que se escuche a la sociedad, expertos, académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder e incluso a los propios soldados, marinos y pilotos, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que el país supere esta problemática.

Por su parte, el presidente de México pareció ignorar el exhorto, pues contradijo sobre este tema relevante que permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a las instituciones armadas, mejorando el orden legal de protección a los derechos humanos.

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