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CIUDAD DE MÉXICO., 19 de abril de 2017.- En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron especialistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con un comunicado, durante los Foros Universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y ex subprocurador de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado, a nivel federal, estatal o municipal.
Él, recordó, es responsable de brindarnos nuevos esquemas y políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que rompen el tejido social.
Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.
Por su parte, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), refirió que en el país irrumpió un nuevo sujeto social de manera violenta: el crimen organizado, del cual sabemos muy poco. “Como país es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento” y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas para combatirlo.
Recordó que en las décadas de los 60 a los 80 había una sola corporación dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis organizaciones, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo. Comenzaron entonces los conflictos entre ellas para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios.
En una segunda etapa, continuó la fragmentación, y las organizaciones regionales han dado paso a alrededor de 250 bandas disputando no sólo el negocio del narcotráfico sino otros mercados ilegales.
Así, hay crimen organizado para el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro. Se trata de un fenómeno muy complejo que hay que estudiar para definir políticas específicas y estrategias eficaces, concluyó.
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