México ante su mayor amenaza
Marchas sin pueblo: el descrédito político de Morena y PRD que castiga la ciudadanía
Si algo llamó la atención de los actos políticos con que intentaron demostrar su fuerza los partidos Morena y PRD, fue el fracaso de sus convocatorias entre la ciudadanía, porque uno y otro hicieron sus marchas y mitines con poca asistencia –si se trataba de mostrar músculo, las cifras debieron ser 10 veces mayores- de personas, y los que participaron fueron sólo dirigentes, militantes, sus clientelas y montoncitos de acarreados. A los dos les faltó lo principal: pueblo, auténticos ciudadanos que les dieran legitimidad y razón de ser.
Cuatro mil acarreados para Andrés Manuel López Obrador transportados en autobuses de lujo a un costo cercano al millón de pesos para un mitin de dos horas el sábado y 5 mil militantes de todas las tribus perredistas que también acarrearon a sus clientelas el domingo para una marcha que quiso enseñar más asistentes que sus rivales lopezobradoristas, sólo demostraron que en Guerrero hay hastío por los gobiernos de izquierda, y que las peroratas de morenos y amarillos no logran permear en la escéptica opinión pública estatal.
Ante la pobreza de asistencia y de contenido de sus discursos, tanto el Peje como las alegres comadres que dirigen al perredismo –Alejandra Barrales y Beatriz Mojica- enfocaron sus críticas en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores por el tema de la violencia, con tan poco tino que les quemó las manos.
Porque mientras el Peje aseguró que Guerrero está peor con Astudillo, este le reviró –sin subirse al ring- que el estado no puede estar peor que a fines del 2014, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras que las señoras Barrales y Mojica clamaban por justicia a resultas del asesinato de algunos de sus militantes, casos que curiosamente han sido investigados en tiempo récord por la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Xavier Olea Peláez, anunció la detención de la mayoría de los autores materiales y aportó pruebas que garantizan un castigo ejemplar…
Inseguridad y desaparición de los 43, legado de AMLO y del PRD…
Pero más allá de la grilla en que están empeñados morenos y amarillos en su particular competencia por ver quién se pone más sus moños ante su mutua necesidad de establecer una alianza electoral para la elección presidencial del 2018, al Peje y a las dirigentes perredistas parece que se les olvidan tres temas de alto costo político que el electorado les va a cobrar:
Primero, el descrédito público que en Guerrero han sufrido gobernadores y alcaldes perredistas en alianza con AMLO, debido a que fue durante sus gobiernos (2005-2015) que se generó y fortaleció la acción de las bandas del crimen organizado que han bañado de sangre al estado. Esa sospechosa tolerancia que permitió actuar libremente a dichos grupos criminales, tuvo su símil entre sus ex gobernadores y ex funcionarios que provocaron un boquete financiero de más de 30 mil millones de pesos –según datos oficiales-. Dinero ROBADO, ni más ni menos.
Segundo, un mayor descrédito por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, ordenada por el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, coludido con la banda de los Guerreros Unidos a través de su esposa. Dichos nexos le fueron advertidos a AMLO antes de definir la candidatura igualteca en la elección del 2012, pero el Peje no hizo caso y recibió sin preguntar varios millones de pesos que el grupo criminal le entregó a través de Abarca para financiar su propia campaña presidencial.
Si alguien conoce bien la trama de ese episodio vergonzoso en el PRD son Félix Salgado, David Jiménez Rumbo, Evodio Velázquez, Beatriz Mojica y Víctor Aguirre Alcaide.
¿Cómo puede entonces prometer justicia sobre el caso de los 43 un López Obrador metido hasta el cuello en la designación de Abarca como candidato, y en el uso de dinero sucio del narco en su propia campaña, y borrar de paso el gran abrazo con que ambos sellaron su trato, tal como se ve en decenas de fotografías?
Y tercero, si se toma como principal referencia de la violencia en Guerrero el mayor número de delitos que se cometen en Acapulco –sobre todo homicidios-, queda en evidencia que el eslabón más débil de la cadena en las labores de seguridad pública es el gobierno perredista, responsable de la prevención local de los delitos.
Por lo que la gente sabe bien quiénes están fallando en Acapulco. Si la policía preventiva municipal no está cumpliendo su labor, si omite la vigilancia y no cumple con las rutas en sus rondines, y si sus mandos le están dando información sobre los operativos a los jefes criminales para protegerlos, entonces no es el Ejército ni la Marina ni la Policía Federal, ni los elementos estatales o ministeriales los que fallan -pues en la prevención solo coadyuvan-, sino el gobierno perredista.
De manera que los dirigentes del PRD y su gobierno municipal de Acapulco deberían poner sus barbas a remojar, ante la inminencia de que sea la ciudadanía la que exija ahora que cada quien sea castigado por sus culpas. Además de posibles juicios penales, el primer castigo en contra será el voto… sumado a la prevista renuncia masiva de militantes amarillos, que tampoco le creen ya a sus líderes…
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