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CHILPANCINGO, Gro., 16 de octubre de 2017.- Activistas de derechos humanos, organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes del STAUAG exigieron al gobierno y a la Fiscalía investigar el asesinato del luchador social Ranferi Hernández Acevedo.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra recordó que Ranferi Hernández en su periodo de diputado local en 1995, defendió a las familias de campesinos que fueron asesinados en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez y desde año, empezó a realizar activismo político y social en Guerrero.
Demandó una investigación objetiva y rápida para esclarecer el crimen del líder social, el de su esposa, su suegra y chofer. Sostuvo que en el estado, los homicidios de dirigentes sociales, estudiantes y periodistas retrasan el desarrollo social, por lo cual pidió que el móvil de la muerte de Hernández Acevedo no sea por la violencia en Chilapa, si no por la línea política y de lucha que realizaba.
Por su parte, Manuel Olivares Hernández del Centro de derechos Humanos José María Morelos y Pavón acusó que el asesinato de Ranferi Hernández es producto del narco gobierno porque hay omisión y sumisión de las autoridades ante los hechos violentos que a diario acontecen en Chilapa.
Olivares Hernández también recordó a Ranferi Hernández como un dirigente que representaba a la clase campesina y que pese a sus pocos estudios académicos siempre luchó y tenía visión de un cambio urgente en México, de igualdad y justicia social.
Agregó que lo condenable y lamentable es que los partidos políticos que se denominan de izquierda, no se manifiesten ni hagan un pronunciamiento más contundente para exigir justica por el caso. En cuanto a la recompensa que ofrece el gobierno del estado a aquellas personas que brinden información del asesinato, Vidulfo Rosales y Manuel Olivares coincidieron en que se trata de una salida rápida, falsa y una faramalla.
En esta conferencia también estuvo el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame quien dijo que el asesinato del líder histórico de izquierda se da en un contexto en que el PRI intenta conservar el poder. Responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de los hechos que podrían darse en contra de dirigentes sociales, ya que “hoy más que nunca se ha dejado visible que la política de seguridad es una farsa”.
A esta suma de exigencia de justicia, también se sumaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes del STAUAG y el Comité Directivo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).