Se reúne Evelyn con miembros de la Jucopo del Congreso de Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 10 de enero de 2018.- El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja consideró que el aviso que el presidente municipal con licencia Marco Antonio Leyva Mena envió al Congreso del Estado para anunciar su reincorporación al cargo, parece más un desafío al Estado de Derecho.
Mejía Berdeja detalló este martes ante el Pleno que el documento recibido la mañana del lunes es sólo un aviso, lo cual es inadmisible desde el punto de vista legal y constitucional, y no una solicitud debidamente fundamentada y motivada para que el Congreso pueda modificar la licencia aprobada en 2017.
El aviso de Leyva Mena fue presentado en hoja membretada del Ayuntamiento, con el sello oficial y con su firma como presidente municipal lo cual, dijo Mejía, es usurpación de funciones.
“Al no tener legitimidad constitucional y legal para asumir el cargo está usurpando funciones y esto es un delito, y si ejerce recursos de manera ilegal es otro delito, entonces estamos en una situación donde ya el presidente de la Mesa (Directiva) estableció que los términos del decreto aprobado el alcalde es Jesús Tejeda, no hay más, todo lo demás es una actuación al margen de la ley”, expresó.
Dijo que Leyva Mena tiene el derecho constitucional de regresar al cargo. No obstante, con todos los fundamentos que tiene en su contra, como la solicitud de revocación de mandato y la usurpación de funciones son factor para revocarlo. “Son acciones que me extrañan porque es abogado, fue diputado y presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios de esta Legislatura, me extraña porque esto complica más la situación”, expresó.
El diputado priísta y secretario de la Mesa Directiva Víctor Manuel Martínez Toledo consideró que Leyva Mena no puede sucumbir a su declaración unilateral de voluntad porque la licencia solicitada por el resto de su periodo generó consecuencias jurídicas que están vigentes, por lo cual sostuvo que se debe apegar a la ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el Estado de Derecho para no violentarlo.
Por otra parte, a pesar del rechazo de los colectivos de desaparecidos, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Héctor Vicario Castrejón aseguró que no han bajado los brazos en la búsqueda de consensos para poder dar el visto bueno a las propuestas hechas por el fiscal Xavier Olea Peláez para las fiscalías de Desaparición Forzada y de Delitos Electorales.
Vicario Castrejón consideró lamentable que los temas se pudieran viciar porque ya está el proceso electoral en curso, ya que las negativas podrían tener “ingredientes externos”.
Dijo que los procedimientos parlamentarios a los que se han sujetado los nombramientos son congruentes y con fundamentaciones jurídicas que los sostienen. No obstante, matizó que se privilegiarán los acuerdos.
En la sesión de este martes, el Pleno también avaló exhortar al fiscal a investigar el homicidio de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera y que se castigue con todo el peso de la ley. Además lo llamó a que se coordine con demás autoridades para la búsqueda y presentación con vida de los cuatro jóvenes que están reportados como desaparecidos en la capital y todos los que estén en la misma situación.
También se aprobó exhortar a los 81 ayuntamientos a que cumplan con las reglamentaciones para la selección, evaluación y certificación de sus policías municipales.