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MÁRTIR DE CUILAPAN, Gro., 7 de marzo de 2018.- Habitantes de la comunidad indígena de Zotoltitlán advirtieron que no abrirán las bombas de suministro de agua para la cabecera municipal, si la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez no acude a dialogar con ellos y si el gobierno estatal no garantiza la seguridad en la comunidad, luego de que un grupo armado incursionó el pasado 24 de febrero.
Este miércoles se cumplieron seis días en que pobladores de Zotoltitlán cortaron el suministro de agua a Apango y en consecuencia han instalado retenes de habitantes armados en las entradas y salidas del pueblo para autoprotección e impiden el paso del servicio de transporte, así como de vehículos que surten productos a las tiendas de abarrotes.
En un recorrido que realizó Quadratín Guerrero, al mediodía de este miércoles, se constató que más de 200 habitantes, mantienen un movimiento de guardia en la comisaría y en las entradas de la comunidad. Su movimiento, dijeron cada uno de los entrevistados, se debe a que un grupo armado arribó el pasado 24 de febrero y temen cualquier tipo de agresión.
La ciudadana Leovijilida García acusó a Muñiz Gómez de negarse a cumplir la minuta de acuerdos pactada en 2015, donde se acordó la realización siete obras en Zotoltitlán, más siete millones de pesos por pago de suministro de agua. No obstante, dijo la ciudadana, la queja primordial ahora es la seguridad “lejos de darnos una respuesta, nos amenazan, nos mandan grupos armados que ya estaban aquí patrullando las calles atemorizando a la gente y eso no nos gustó”.
El ciudadano Floriberto Vidal sostuvo que a él que le adjudican el actual movimiento en esa comunidad; reconoció que era militante de la alcaldesa Muñiz Gómez y ahora en varias ocasiones lo han intentado asesinar, por lo cual responsabilizó a la alcaldesa de cualquier agresión que pudiera tener él y su familia.
El comisario de Zotoltitlán Sabino Sevilla Rodríguez acusó al gobierno del estado de ser el responsable de que los ciudadanos de su comunidad hayan decidido cerrar las bombas de agua para Apango. Argumentó que un oficio girado al gobierno estatal el 14 de febrero se daba por avisado que si no les daban seguridad pública, la comunidad cerraría el suministro de agua el 28 de febrero.
Los habitantes sostienen que la exigencia central es que el gobierno estatal y municipal, les brinden seguridad pública y cumplan con la minuta de acuerdos que contiene peticiones como obras de drenaje, pavimentación de calles, el arreglo de escuelas y pago por el servicio del agua.