Otro país/Tomás Tenorio Galindo

¿Cuántos muertos más en Guerrero?

El municipio de Chilapa es resguardado en estos días por 500 militares, además de policías estatales y federales, pero pese a ello la violencia que con especial crueldad golpea en estos días a esta región de Guerrero sencillamente no cede. Este municipio empezó a sufrir hace tres años la crisis de inseguridad que en la actualidad lo sitúa como uno de los más graves focos rojos del país, junto a Acapulco y Chilpancingo, por mencionar sólo a dos de las otras ciudades guerrerenses sometidas al terror de la violencia.

Ahí, en Chilapa, mataron en semanas recientes a dos mujeres cuyo rasgo común es que eran precandidatas a la alcaldía, el 21 de febrero a Antonia Jaimes Moctezuma, del PRD, y cuatro días después a Dulce Nayeli Rebaja Pedro, del PRI. Esos hechos hicieron notar todavía más el dominio adquirido por el crimen organizado en ese municipio. Se ignora el móvil de ambos crímenes, pero resulta significativo que a los homicidas no les haya importado que para el momento en que fueron ejecutadas, las dos tuvieran perdida ya en sus respectivos partidos la candidatura que buscaban.

Unos días más tarde, el 28 de febrero, el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, quien dirige la batida contra los grupos delictivos en el centro del estado, describió así el contexto en el que se produjeron los asesinatos de las precandidatas: “hemos tenido algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos, la pandilla de Los Rojos y la pandilla de Los Ardillos, que se están disputando el control y venta de droga y cobro de piso en el área, y ahorita están tratando de cooptar a candidatos a los diferentes municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos”.

Cooptar a los candidatos es una práctica que el crimen organizado realiza en Guerrero desde hace años, y que de tanto en tanto sale a flote según convenga a los propios grupos delictivos, que para disponer de instrumentos de control acostumbran levantar videos de los políticos en situaciones comprometedoras. Lo que no había sucedido es que se acumularan en Guerrero tantos casos de políticos y precandidatos asesinados como ha ocurrido en Guerrero durante la actual temporada electoral, y que sin ningún miramiento ni límite los homicidas incluyeran a mujeres como ocurre ahora.

Además de las precandidatas de Chilapa, el 2 de marzo fue ejecutado Homero Bravo Espino, del PRD, también ex aspirante a la presidencia municipal de Zihuatanejo, y hay por lo menos otros tres casos de militantes de ese partido asesinados en este año en el estado, que deben sumarse a otros 18 políticos y funcionarios acribillados en el 2017, sin que a la fecha se sepa quiénes son los responsables, ni por qué los mataron. En esa lista se halla Arturo Gómez Pérez, quien era presidente municipal de Petatlán cuando murió en un atentado a balazos el 28 de diciembre anterior.

Guerrero concentra no sólo el mayor número de políticos o funcionarios asesinados el año pasado. Es también el que ocupa el primer lugar en homicidios dolosos, con 2 mil 318 casos durante el 2017, por encima de Baja California (2 mil 092 casos) y el estado de México (2 mil 041). Debe puntualizarse, sin embargo, que en cuanto a homicidios por cada cien mil habitantes, Guerrero está en tercer lugar con 5.63 casos para los datos de enero de este año, por debajo de Colima que registra 7.37 casos y Baja California que reporta 5.81.

El gobernador Héctor Astudillo Flores suele celebrar el tercer lugar de Guerrero según la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, como prueba de que el índice de violencia va a la baja, y en la apertura de la Convención Bancaria el jueves 8 dijo –presumió, más bien– que el estado experimenta un repunte turístico a pesar de los problemas que enfrenta. A poco más de dos años de haber empezado su gobierno, es un consuelo y una presunción de vago sustento. En lo que no hay ningún consuelo ni nada qué presumir es en lo que respecta a la racha de ejecuciones de precandidatos, que ha desatado en Guerrero una verdadera psicosis entre la clase política y en todos los partidos, y que hace temer un escenario impredecible para las campañas que se avecinan.

La semana pasada Héctor Astudillo entregó a los partidos políticos un mapa de riesgos, en el que deben estar marcadas las zonas que presentan mayor peligro para los candidatos (además del presidente y legisladores federales, en Guerrero se elegirán diputados locales y presidentes municipales). Quién sabe qué contenga bien a bien ese documento, porque en realidad todo el estado es peligroso, no sólo para los candidatos sino principalmente para los ciudadanos, sin que el gobierno sea capaz de ofrecer un mínimo de seguridad y tranquilidad. Es lo mismo en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y en casi cualquier otra ciudad. Ayer por la tarde ya iban al menos ocho muertos en el estado.

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