Teléfono rojo
El acuerdo que suscribimos
¿Será perfecto Andrés Manuel López Obrador, lo serán su proyecto, su equipo, su gobierno? No lo sé, lo dudo. Pero sé y me consta que en su campaña no prometió perfección, sino lo que exigía la gran mayoría: un cambio.
Si ganó ampliamente fue porque acertó en el diagnóstico. El problema es que del dicho al hecho hay un largo trecho… para el ganador, los derrotados, y los electores. En ese sentido, lo que urge entender es muy sencillo: la responsabilidad y el compromiso corresponden a todos, porque el enfermo es el país y el país somos todos y, a menudo, el paciente se muere en el camino.
Tenemos años atorados señalando errores a quien debería dirigir el cambio, en lugar de ser parte del mismo. Justo ahora, los detractores de López Obrador se concentran en juzgarlo, acusarlo y hasta exigir que se le castigue por lo que aún no ha hecho. Es cierto, algo muy parecido a lo que hicieron los detractores de Peña Nieto.
Seguimos sin entender que no entendemos: esto no es una telenovela, donde la revancha, la venganza, la violencia y el drama, la hacen más interesante. Al contrario, cada enfrentamiento vacuo, cada crítica pueril, hace más lenta la transición a la verdadera democracia -la que funciona para el desarrollo-, o de plano nos hunde más en el hoyo.
Lo ideal sería que la crítica fuera constructiva, al menos sensata. Pero ni una cosa ni la otra. Por ahora, muchos siguen aferrados en buscar y encontrar motivos para desconfiar o descalificar, y nadie, o muy pocos, debaten en serio.
Lamentable, porque si esperábamos alguna oportunidad para cambiar, es esta, ahora, no la hubo antes por una razón u otra, y nada garantiza que la habrá después.
A pesar del empoderamiento de la opinión pública en redes digitales, la reacción vigorosa ante los terremotos de 2017, y la euforia democrática de la pasada elección, muchos ciudadanos parecen seguir creyendo que sus responsabilidades políticas se limitan al ejercicio del voto.
En parte, tienen razón. Porque en una democracia representativa, los ciudadanos confieren el poder a una persona para actuar en su representación. O sea, para hacerse cargo de todo, incluso de las cosas que nos atañen, afectan e interesan directamente.
Sólo en parte, porque las elecciones que registran un amplio margen de victoria, como la de Andrés Manuel, dan al gobierno un mandato implícito de poner en práctica determinadas políticas; pero cuando la enorme mayoría opta por un cambio, el compromiso suscrito es general.
De acuerdo con la filosofía política y la teoría del Derecho, una elección democrática es un compromiso suscrito a partir de la idea de que todos los protagonistas están de acuerdo en la existencia de una autoridad política y un orden social.
La esencia es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos firman, de manera implícita, un contrato social que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado natural. Ergo, un mayor número de derechos implica mayores deberes, y menos derechos, menos deberes.
En la pasada elección se suscribió un compromiso que muchos de los firmantes no terminan de entender bien, y menos asumir con claridad: el cambio.
Sin embargo, a juzgar por sus discursos, decisiones y acciones tras los resultados, el gobernador Héctor Astudillo sí lo entendió y asume cabalmente. Por mencionar algunos ejemplos: no se opone al nombramiento de un coordinador del gobierno federal, ratifica el compromiso de transparentar el uso de los recursos públicos y el combate a la corrupción, está de acuerdo con la despenalización de la amapola con fines médicos, una propuesta que el propio gobernador hizo desde marzo de 2016.
En ese sentido, López Obrador también debe entender el mandato de los electores de forma incluyente. Aunque parezca irónico, el camino del cambio será más fluido y consistente si acepta y asume que el papel de los gobernadores de partidos distintos al suyo, será tan importante y necesario como el de sus compañeros y aliados.
Por lo pronto, en una carta abierta, el próximo presidente invitó a todos los ciudadanos a participar en los foros de consulta para la pacificación y reconciliación del país. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan.
Sostiene la politóloga Yanina Welp, del Centro para la Investigación sobre Democracia Directa, que “la promoción de mecanismos de participación no necesariamente conlleva una apuesta decidida por democratizar a la sociedad. En ocasiones pueden ser introducidos sólo responder a crisis institucionales en apariencia, sin cambios de fondo”. Pero aclara que “las malas prácticas no deben ocultar que la participación es un componente fundamental de la democracia.
Justo el compromiso electoral suscrito por todos los protagonistas: desterrar las viejas prácticas, y construir juntos un cambio verdadero.