Otro país/Tomás Tenorio Galindo

 López Obrador y la violencia: ¿otra vez lo mismo?

Cada día que pasa queda en evidencia que Andrés Manuel López Obrador carece de un plan para conseguir la pacificación del país, y que como consecuencia de ello busca repetir la fallida estrategia aplicada por sus antecesores para combatir al crimen organizado.

Lo anterior quedó de manifiesto el viernes pasado, cuando el presidente electo anunció la permanencia del Ejército y la Marina en las calles para hacer frente a la inseguridad. Para justificar su decisión, López Obrador explicó que la Policía Federal es incapaz de asumir esa tarea.

El anuncio del viernes es una de las grandes definiciones del próximo presidente y, al mismo tiempo, quizás la más frustrante de cuantas ha formulado en este periodo de transición hacia el poder. La razón es que por más que se vea con optimismo la llegada del gobierno lopezobradorista, la permanencia del Ejército y la Marina como ejes de la estrategia contra el narcotráfico y la violencia significa más de lo mismo y la confirmación de que ahí no hay cambio ni esperanza.

Lo que López Obrador dijo el viernes es exactamente lo que en su momento dijeron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para echar sobre las espaldas del Ejército y la Marina la responsabilidad de combatir a la delincuencia. Y como es sabido, después de 12 años de que militares y marinos realizan esa función en sustitución de las policías, el resultado es un fracaso aplastante y mayor violencia.

Si esa es la opción de López Obrador, no parece que su gobierno pueda alcanzar el objetivo de reducir entre 30 y 50 por ciento la violencia en el país en el curso de los tres primeros años de gobierno, como informó Alfonso Durazo, una meta de por sí difícil de conseguir en cualquier circunstancia.

Llama la atención que López Obrador haya asumido sin más la incapacidad de la Policía Federal y dado paso a la permanencia de los militares en las calles, sin profundizar y siguiendo el criterio de los dos gobiernos anteriores. Si a ello sumamos la filosofía del “perdón y el olvido” que López Obrador busca implantar como instrumento de pacificación, que en suma plantea la impunidad como política de Estado, la perspectiva contradice y rebana la esperanza de justicia alimentada por López Obrador en su campaña, uno de los motivos por los cuales ganó la elección.

La situación podría ser más grave si López Obrador designa en la Secretaría de la Defensa Nacional al general Alejandro Saavedra Hernández, cuyo nombre figura entre los posibles ocupantes de ese cargo. Hoy jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, Saavedra Hernández estaba al frente de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo cuando en 2014 se produjo el ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, y el 27 Batallón de Infantería asentado en esta ciudad dependía de él. Después fue nombrado comandante de la Novena Región Militar que tiene sus cuarteles en Acapulco.

Aún no se establece en definitiva cuál fue el papel de los militares del batallón de Iguala en los hechos en que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron (hechos en los que tres estudiantes más murieron, junto a otras tres personas), pero su actuación está sujeta a sospecha pues aquella noche todo sucedió delante de ellos sin que lo impidieran.

Si acaso López Obrador optara por el general Saavedra Hernández para la Secretaría de la Defensa, se trataría de otra toma de posición del presidente electo en el delicado problema de la violencia que no da tregua al país, y también respecto al caso Ayotzinapa. Y no era eso lo que estaba en la perspectiva de sus electores.

Superdelegados, ¿marcha atrás?

Es posible que en la reunión que López Obrador sostendrá este lunes con los gobernadores, el presidente electo matice el carácter de los delegados plenipotenciarios que se propone mandar a los estados. En los últimos días creció la oposición a esa figura que atropella el federalismo e incentiva la centralización. Tan obvios serían los efectos de mandar a los estados funcionarios con esas atribuciones absolutistas, que hasta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sumó su voz a la de varios gobernadores –con particular fuerza el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien parece haber tomado el liderazgo de esa batida— en rechazo a esa iniciativa.

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