Teléfono rojo
La inseguridad, la violencia y la corrupción van de la mano y se alimentan mutuamente. Son las causas principales del profundo deterioro social que vive nuestro país y que se manifiesta, también, en el freno a la actividad económica.
Sin seguridad, hay que reiterarlo una y otra vez, el desarrollo económico se detiene o se rezaga; no fluye la inversión, la economía informal se eleva y muchos negocios bajan sus cortinas. Prefieren cerrar sus comercios o empresas que pagar un tributo criminal a los delincuentes, a través del infame “cobro de piso”.
Los criminales se han apoderado de grandes franjas del territorio nacional, son un suprapoder que ha secuestrado la tranquilidad comunitaria y ha vuelto a la sociedad rehén de su impunidad.
En esta grave situación tienen parte de responsabilidad los tres ordenes de gobierno, pero sin duda donde se da el mayor nivel de cinismo y desfachatez es en los municipios que simplemente desatienden el problema de la inseguridad y prefieren trasladar a otros su propia responsabilidad.
La mayoría de los Alcaldes prefieren los aplausos que entraña el reparto de dádivas o la parafernalia que atender la principal preocupación ciudadana. Mantienen cuerpos policíacos infiltrados e inoperantes y no hacen nada al respecto, o solo simulan que hacen algo.
Hay muchos temas que pasan por los municipios y que inciden en la inseguridad como por ejemplo las licencias de bares y giros negros, alumbrado, espacios públicos, la vía pública, la policía preventiva y la vialidad. Sin embargo, en todos ellos la mayoría de los Ayuntamientos se hacen de la vista gorda y solapan la bien articulada estructura de corrupción que prevalece y que impide que la gente haga su vida en forma normal, sin la amenaza permanente de ser agredidos.
En los ámbitos que tienen que ver con las competencias municipales comienza gran parte de la inseguridad. Muchos de los delitos corresponden al fuero común y son ilícitos que se comenten por el vacío de autoridad y la corrupción municipal.
Lo anterior no implica que no se deba combatir a la delincuencia organizada, significa que todos los niveles de gobierno deben hacer su tarea sin excusas ni pretextos.
El objetivo final de toda estrategia de seguridad es garantizar la protección de las personas sobre su integridad física y su patrimonio, a través del mantenimiento del orden público, el control territorial, el cumplimiento de la ley y el castigo a quienes cometen delitos.
No obstante, estos propósitos no se han cumplido y la impunidad se extiende como un cáncer corrosivo por prácticamente todos los rincones del país.
México tiene muy graves problemas, rezagos estructurales, pobreza, falta de oportunidades y limitaciones en infraestructura que nos impiden despegar, pero los principales problemas son la incapacidad para hacer frente a la delincuencia y la debilidad del Estado de Derecho.
En estas dos problemáticas está implícita la corrupción porque es evidente que en la incapacidad para hacer frente a la delincuencia hay sobornos, contubernios y acuerdos mafiosos entre políticos, gobernantes y crimínales; así como en las estructuras de procuración y administración de justicia.
Atender de manera integral el problema de la inseguridad pasa por el compromiso de todos los órdenes de gobierno. Basta de simulaciones. Quien no atienda esa responsabilidad debe ser exhibido y responder legalmente por su negligencia y omisiones.
Contar con mayor seguridad no sólo es necesario para frenar la ola delictiva y la impunidad, sino permitirá construir la paz que tanto anhelamos.
SENTENCIA DE LA SCJN
Enhorabuena por la resolución de la Corte que resuelve un amparo a favor del consumo lúdico de la mariguana, sentando jurisprudencia. Un paso muy importante en la construcción de una nueva política de drogas en nuestro país.