Caminos del sur/Manuel Nava

Ayuntamiento limosnero

La precariedad financiera del ayuntamiento era previsible. Suponiendo, sin conceder, que durante la administración anterior no haya existido corrupción, sí existió un pésimo manejo de las finanzas públicas y el nuevo gobierno municipal debió haber tomado medidas al respecto.

En el transcurso de la semana, Adela Román, presidenta municipal de Acapulco, dijo que para cerrar el año la comuna necesitaba mil 500 millones de pesos y para rematar afirmó que su gobierno estaba pidiendo limosna para poder recuperar el equilibrio en sus finanzas.

Expresión sin duda dramática pero no deja de ser reflejo de una corta visión del nuevo gobierno.

Dijo la alcaldesa que requiere de mil 500 millones de pesos para el último bimestre del año. En el presupuesto de egresos de este año se previeron poco más de 4 mil millones de pesos.

Para una décima parte del periodo, el ayuntamiento requiere de algo así como un tercio del presupuesto de egresos para este año, es una desproporción que tendría que explicarse.

El presupuesto de egresos debe estar contrastado con el ingreso o viceversa. Para este año el ayuntamiento estimó tener ingresos por el orden de los 3 mil 24 millones de pesos. Entonces para dos meses el ayuntamiento actual reclama una tercera parte de los ingresos.

Si consideramos que se estimaron 854 millones de pesos por ingresos propios durante los 12 meses del 2018, para los dos últimos meses del año se requieren recursos por aproximadamente el doble de los ingresos propios.

Por concepto de impuestos y derechos el ayuntamiento proyectó tener más de 500 millones de pesos, pero para el cierre del ejercicio 2018 el nuevo gobierno pidió mil 500 millones de peso, es decir tres veces que la recaudación anual de impuestos.

Si lo contrastamos contra las participaciones federales de este año, estimadas en 2 mil 170 millones, significa más del 50 por ciento para los próximos dos meses.

Aquí surgen varias interrogantes. El ayuntamiento se encuentra en premura financiera pero no busca aplicar a quienes hicieron mal uso del recurso del púbico, busca estirar la mano, pedir limosna, en palabras de la propia alcaldesa.

Si aceptamos la figura a la cual recurrió la alcaldesa, de un gobierno en calidad de limosnero, significaría que el ayuntamiento no puede pagar los procedimientos legales y entablar demanda contra quienes hicieron mal uso de los recursos públicos.

Luego entonces lo único que está garantizado es la impunidad para quienes nos gobernaron saqueando al erario.

Pero entonces no se puede confiar en un gobierno tan debilitado en todos esos términos por lo que la contribución de los ciudadanos no tendrá un uso de beneficio común sino que se estarán amparando actos de corrupción desmedida.

La situación es realmente alarmante, porque la corrupción no sólo mina la eficacia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido que sustenta al gobierno y por extensión de toda la clase política.

La conclusión sería que cuando el gobierno de la cuarta transformación municipal decide pasar la charola y no aplicar las sanciones de rigor a quienes saquearon las arcas municipales está eligiendo la impunidad. 

O los partidos políticos se toman en serio el combate contra la corrupción, o será la corrupción la que termine por destruir el andamiaje político construido con el esfuerzo de los mexicanos desde la reforma política de 1977.

El gobierno de Adela Román difícilmente podrá obtener resultados convocando a la ciudadanía a cumplir con los impuestos pues la confianza hacia quienes nos gobiernan en general, está perdida y no se va a recuperar con discursos.

Quien a su enemigo le cree, su pago le viene, diría la abuela.