Guardia Nacional: Más allá de la descalificación

Lo “políticamente correcto” para ciertos sectores de la academia y de los colectivos ciudadanos y de derechos humanos, muy respetables y reconocidos varios de ellos por su lucha, es descalificar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La intervención militar en su lógica per se es negativa y cuestionable.

Es cierto que ha habido excesos, abusos y violaciones graves a derechos humanos por parte de algunos malos efectivos de la institución, pero en términos generales la lealtad, el compromiso y la dedicación de nuestras fuerzas armadas en una realidad incuestionable, de ahí que cuenten con un amplio respaldo ciudadano.

Por otra parte, las policías, en especial la amplia mayoría de las municipales y estatales, son quienes cuentan con el mayor descrédito público. Lo anterior es resultado de su falta de resultados, la corrupción que prevalece en estos cuerpos y la infiltración criminal que las ha vuelto aliadas de los grupos delincuenciales.

También es cierto que gran parte de las corporaciones policiacas tienen muy limitadas condiciones para operar, sus agentes son mal pagados, no cuentan con seguridad social ni con estímulos y reconocimientos.

Sin embargo, esta situación es parte de la descomposición de las instituciones de seguridad que ha sido tolerada por los órdenes de gobierno local y municipal que no han hecho su tarea al respecto, no obstante, por ejemplo, que en el tema de la certificación en control y confianza se fijaron plazos para que los integrantes de estas instituciones tomaran los exámenes correspondientes para ingresar y permanecer en las mismas, y dichos plazos se cumplieron y no se depuraron las corporaciones. Conviene recordar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reformó en varias ocasiones para modificar la fecha de la certificación y darles oportunidad para cumplir con la ley.

Otro aspecto de la irresponsabilidad que ha habido en el tema de las policías es lo relativo a que los Estados y municipios reciben importantes recursos federales para atender el tema de seguridad, a través de aportaciones federales e instrumentos como el Fortaseg (Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública) y sin embargo hay poca o nula transparencia en el destino final del gasto.

Es claro que las policías locales, salvo honrosas excepciones, no se depuraron y profesionalizaron, que los fondos no se aplicaron de manera eficaz y transparente para el tema de seguridad y que los vicios y complicidades en estas corporaciones se dejaron crecer por negligencia, corrupción o complicidades con la delincuencia.

En ello influyó también la facilidad con que varias autoridades se pretendieron zafar del tema de la seguridad dejando toda la responsabilidad en la federación o en el auxilio de nuestras Fuerzas Armadas.

En ese contexto de deterioro policial y en medio de una grave situación de inseguridad y de violencia la respuesta no puede ser esperar una súbita reconversión de nuestras policías, se necesita actuar con agilidad y construir una nueva corporación que retome la lealtad, disciplina y compromiso de las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo tengan la formación policial, en derechos humanos y el nuevo Sistema de Justicia Penal para responder al enorme desafío de proteger a la población y pacificar al país.

La Guardia Nacional que se integrará es una nueva corporación policial adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y que seguirá las directrices de las Coordinaciones de Seguridad y los lineamientos de operación de la nueva Secretaría de Seguridad.

Se constituirá a partir de efectivos de las Policías Militar, Naval y Federal, efectivos de las Fuerzas armadas y nuevos reclutas, tendrá capacidad de despliegue en todo el territorio nacional y será auxiliar del ministerio público.

Las críticas a esta nueva corporación se han enfocado a que se militariza la seguridad pública y que se deja de lado a los mandos civiles.

En primer término hay que señalar que la actuación de las Fuerzas Armadas hasta ahora ha sido para llenar el hueco de las policías y que, en términos generales, sus acciones han sido disuasivas o en apoyo a las instancias de seguridad. Esta situación ha generado también malestar en las fuerzas armadas por la falta de certeza jurídica de su intervención y por el hecho de que su función es proteger la soberanía nacional y no desarrollar labores policiacas, lo cual se quiso solventar en la ya declarada inconstitucional Ley de Seguridad Interior.

En ese sentido, la creación de la Guardia Nacional es una medida que resuelve la encrucijada y retoma lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas (su lealtad, su disciplina y su compromiso), pero al mismo tiempo subsana con capacitación y formación policial las deficiencias que han generado excesos de algunos efectivos militares. Por otro lado, con las Coordinaciones y la Secretaria de Seguridad se fijarán las directrices para que la Guardia Nacional cumple con su cometido.

Además no se debe minimizar o dejar de lado que los integrantes de la Guardia Nacional estarán sometidos al fuero civil, que se propone la sanción al incumplimientos a las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos y que una demanda añeja, como lo es el reconocer la jurisdicción en nuestro país de la Corte Penal Internacional, permitirá avanzar sustancialmente en el respeto a los derechos humanos, teniendo el escrutinio de organismos mundiales.

Una última consideración: el que se constituya la Guardia Nacional no implica que se deba cancelar la tantas veces postergada reforma y depuración de las policías municipales y estatales. Y desde luego es fundamental que el ministerio público también sea reformado a cabalidad.