Dos asesinatos, 7 años de impunidad

ACAPULCO, Gro., 11 de diciembre de 2018.- A siete años de que las fuerzas del Estado asesinaran a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, la justicia sigue ausente. La herida abierta el 12 de diciembre de 2011, lejos de cerrar, se ha abierto más al mantenerse e intensificarse la campaña de represión en contra de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Un repaso por las agresiones contra los normalistas a partir de aquella fecha confirma que estas agresiones no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática. Han sido asesinados nueve alumnos, 43 desparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, y más de 10 embestidas directas por parte de la Policía Federal, la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano y el crimen organizado.

Paralelamente, en ese lapso también se desató una ofensiva de Estado en contra de líderes sociales aliados de los normalistas. Nueve dirigentes de organizaciones sociales fueron asesinados y cinco terminaron en la cárcel; todos ellos protestaron en contra del gobernador Ángel Aguirre por el asesinato de los estudiantes en la Autopista del Sol.

Por si fuera poco, podría decirse que los estudiantes agredidos han sido traicionados por sus compañeros egresados que terminaron en las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y más concretamente, la generación 2010-2014, irónicamente llamada «Gabriel Echeverría de Jesús», tuvo como madrina a la entonces secretaria Silvia Romero Suárez, una de las responsables del asesinato de los normalistas el 12 de diciembre.

A pesar de que a los normalistas de la generación 2011-2015 les tocó la peor represión, ya en último año se doblegaron ante el poder al aceptar regalos (traje y anillo de graduación) del gobernador interino Rogelio Ortega, esto gracias a los integrantes de la Coordinación de Egresados en Defensa de la Normal de Ayotzinapa que se prestaron para desactivar el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

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Después del asesinato de Alexis y Gabriel, la ofensiva gubernamental continuó. A 24 días de esta represión, políticos, empresarios, empleados y funcionarios del gobierno del estado salieron a la calle a una marcha para brindar su apoyo al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En esa protesta, los manifestantes demandaron el cierre de la Normal de Ayotzinapa, porque según ellos era “centro de concentración de terroristas”.

Meses después, el 10 de noviembre de 2012, cuando se preparaba la movilización por el quinto aniversario del desalojo de normalistas del Congreso del Estado, a manos de la Policía Estatal, la Policía Federal detuvo y torturó a cinco estudiantes.

Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina, estaban en el punto de la carretera Chilpancingo-Iguala conocido como Casa Verde, promoviendo, junto a otros compañeros, la marcha que se llevaría a cabo el 14 de noviembre, cuando fueron agredidos por la Policía Federal que les disparó y los detuvo.

El 23 de abril de 2013, mientras normalistas y maestros mantenían una de las protestas más radicales en la capital de Guerrero, en contra de la reforma educativa aprobada en diciembre de 12, fueron puestos en libertad los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, únicos señalados del asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.

A raíz de su activismo en contra de la reforma educativa, el 7 de mayo por la tarde, sin justificación aparente, policías estatales detuvieron a 25 normalistas cuando éstos boteaban en el crucero Casa Verde.

La ofensiva contra Ayotzinapa se instrumenta a unos días de que los estudiantes salieron a protestar por la liberación de los ministeriales, según los propios normalistas, para justificar la represión en contra de los movimientos sociales por su apoyo a la Policía Comunitaria y a los maestros durante la movilización en contra de la reforma educativa.

Quizá para justificar la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por la carretera Chilpancingo-Iguala, por Casa Verde.

El jueves 9 por la noche, en una entrevista con la conductora de Televisa, Adela Micha, el gobernador guerrerense dijo que los estudiantes tienen nexos con la guerrilla y que además reciben adoctrinamiento de grupos de tendencia radical, para generar rencor social.

Agregó que la Normal de Ayotzinapa financió al movimiento magisterial, y que por eso se les suspendió el pago a los proveedores que surtían al comedor estudiantil y les negó la entrega de recurso para difusión de la convocatoria para nuevo ingreso.

El 30 de mayo de 2013, el dirigente de la Unión Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, junto a siete de sus compañeros fueron ‘secuestrados’ en el Periférico de Iguala. Uno de ellos, Jimmy Castrejón, logró escapar.

Tres días después, el 3 de junio, en la carretera federal México-Acapulco, tramo Mezcala-Iguala, por la colonia Valerio Trujano del municipio de Tepecuacuilco, fueron localizados los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román.

Uno de los secuestrados que logró escapar, asegura que a Arturo Hernández lo mató el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. De acuerdo con la versión de este testigo, el 1 de junio, cuando los tenían secuestrados, llegó Abarca y le reclamó a Hernández Cardona: “¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte”. Abarca llevaba una cerveza en la mano y lo escoltaba su jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores. Momentos después, Abarca le dispara a Arturo en la cara y en el pecho.

A Nestora Salgado la detuvieron el 21 de agosto de 2013, en un operativo que montó el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal y el Ministerio Público federal en Olinalá.

Esa misma tarde, en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, fueron detenidos 20 policías comunitarios y el coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), Bernardino García Francisco.

Semana después, el comité pro clausura, desconoció al comité estudiantil como intermediario con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), previo acuerdo con la titular de esa dependencia, Silvia Romero Suarez, quien fue su madrina de generación.

Los cuarteños se encargaron de desestabilizar a las academias de tercero, segundo y primer grados; como gratificación de contralabor, la SEG les entregó plazas administrativas a todos los recién egresados. La ceremonia de fin de curso se realizó en un salón de fiestas en Chilpancingo.

Un día después de la marcha del 14 de noviembre de 2013, por el octavo aniversario del desalojo de normalistas del Congreso local, el gobernador impuso como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco, a Alfredo Álvarez Valenzuela.

Por considerar que el nombramiento constituía un premio a los autores intelectuales de los crímenes de los normalistas, los normalistas de Ayotzinapa rechazaron la designación.

Álvarez Valenzuela era jefe de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió el desalojo de la Autopista del Sol en el que mataron a Jorge Alexis y Gabriel. Por ello, su nombramiento como secretario de Seguridad Pública de Acapulco, se leyó como un mensaje para las organizaciones sociales de que continuaría la impunidad y la represión.

El 10 de noviembre, en Coyuca de Benítez, hombres armados asesinan al líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y a su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo. En esa ocasión, los normalistas señalaron: “En lo que va la administración de Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero se han asesinados a 13 personas ligadas a organizaciones sociales, siete de ellos son dirigentes: Eva Alarcón, Marcial Bautista, Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enrique y la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, estos crímenes no encontraran justicia, porque Guerrero está cubierto con el manto de impunidad”.

Y agregaron: “Mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, como la de Gonzalo Molina González, Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) de la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla”.

El 7 de enero de 2014, un tráiler atropelló a Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta cerca de Atoyac cuando realizaban actividades políticas y colecta de dinero, para sus prácticas y observación. El 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados en Iguala Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo por policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de normalistas.

El 4 de octubre de 2016, en presunto asalto a una Urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, hombres armados mataron a los normalistas Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro.

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Para el ex vocero de la Normal de Ayotzinapa José Sánchez Madero, la impunidad y la corrupción son las principales causas de que no haya justicia para Alexis y Gabriel, porque ni uno de los responsables han sido procesado ni investigado, y lo peor de todo, dice, es que sus compañeros olvidaron aquella represión en la Autopista del Sol.

“Me preocupa porque muchos compañeros se olvidaron de cómo la policía mató a nuestros compañeros; y lo más triste de esto es que la sociedad olvidó por completo ese episodio. Por eso para mí es muy importante no olvidar, porque el olvido es pariente de la resignación y sumisión. La única forma de que no ganen ellos es seguir luchando, y recordarles a los asesinos de Alexis y Gabriel que aquí estamos, que no olvidamos y que no perdonamos”.

Agrega: “El hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados los compañeros aún está pendiente, la muerte de estos dos compañeros no ha tenido justicia, ni la han tenido todas las demás víctimas de aquel fatídico día, y es lo que más nos intranquiliza e indigna es que Ángel Aguirre anda suelto por las calles; es un peligro, puesto que él es el responsable intelectual de la represión”.

Además, Sánchez Madero dice que del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no espera que haya justicia sobre los hechos del 12 de diciembre, porque Morena en Guerrero está rodeado de egresados de Ayotzinapa, que lejos de informar de los hechos, desinforman, porque les interesa más quedar bien con el gobierno que exigir justicia, así como dividieron la academia de 2011-2015.
En efecto, desde los hechos de aquel trágico desalojo en la Autopista del Sol, no hay un solo procesado ni sentenciado; al contrario, el gobierno federal ha creado su propia verdad para desgastar la lucha de los padres de familia de las víctimas.