Hacen mitin en Chilpancingo contra recorte a normales rurales
ACAPULCO, Gro., 7 de enero de 2019.- En relación a notas periodísticas sobre “152 familias de desplazados siguen resistiendo en un terreno” en Tlapa, se ha podido investigar que se trata de un grupo de invasores provenientes de Cochoapa El Grande y Metlatónoc.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, el sábado pasado la Secretaría General de Gobierno coordinó acciones de ayuda humanitaria con personal del DIF Estatal y la Secretaría de Protección Civil, quienes al presentarse en el predio no encontraron a nadie.
En noviembre del 2018, unas 100 personas lideradas por Arnulfo García Ortega y Julián Velázquez Cano, invadieron dos hectáreas de terreno baldío, propiedad de la señora Matilde Aguirre (finada).
Posteriormente se incrementó a 200 el número de presuntos invasores. Algunos lotes ya estaban vendidos y dos construidos, entre ellos una casa del ex diputado federal Victoriano Wences Real.
Declararon en diferentes medios que ocuparon el terreno bajo el argumento de que fueron desplazados por pobreza extrema y llegaron en una caravana, sin embargo, los hechos indican que se trata de personas que previamente planearon invadir el terreno para fines personales con la pretensión de que el gobierno federal y estatal pague por él.
Constancio Campos, quien se presentó como apoderado legal, dijo que el terreno tiene propietario y solicitó que abandonen el lugar o paguen 200 mil pesos por cada lote, a lo que los habitantes se negaron.
En sus comunidades no han abandonado sus terrenos ni demás pertenencias, continúan viviendo ahí y solo envían un representante a los lotes que invadieron en Tlapa.
Se tiene conocimiento que el próximo 11 de enero, durante la visita del presidente de la República, tratarán de abordarlo para solicitar su intervención y se compre el terreno o los reubiquen en otro lugar.
Se inició una carpeta de investigación por el delito de despojo en contra de los ocupantes ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Tlapa, la cual se está perfeccionando, según el fiscal regional Juan Jiménez Romero.