Caminos del sur/ Manuel Nava

Xaltianguis, más que un incidente Xaltianguis, más que un incidente

Lo ocurrido durante los últimos siete días en Guerrero y en Morelos obliga a voltear la vista hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de seguridad pública.

Que las acciones de seguridad de los últimos dos sexenios no frenaron la creciente violencia es un hecho indiscutible, pero la visión más sana del pasado es hacerlo una referencia para poder construir el futuro.

Resolver la problemática de seguridad pública o al menos contener el deterioro que se viene observando, es responsabilidad de las autoridades actuales. La ineficiencia de quienes actuaron en el pasado no debe ser argumento para las omisiones de quienes actúan en el presente.

Lo ocurrido en Xaltianguis no debe limitarse a las afirmaciones de que se trata de una confrontación entre grupos de civiles armados que se ostentan como policías comunitarios.

Es un retrato de lo que puede ser la cotidianidad del futuro: autoridades que declinan sus facultades ante el poder fáctico de las agrupaciones delincuenciales en función de su capacidad de ejercer la violencia.

Hay hechos fundamentales a partir de los cuales se tendrían que dar el seguimiento judicial a los hechos de Xaltianguis.

Fue una confrontación entre grupos de civiles armados que ocuparon la vía pública como escenario, lo cual en principio, es una violación al Bando de Policía y Buen Gobierno.

La confrontación fue con armas de uso exclusivo del ejército y eso violenta las leyes federales.

Ambos grupos se ostentas como gobiernos paralelos, poderes político administrativos de facto cuando anuncian que se organizaran en función de las necesidades de seguridad de los habitantes y no del marco legal existente.

Las reglas se flexibilizan, se impone la ley de la fuerza, la del más fuerte como en los estados primitivos y los poderes instituidos terminan como simples espectadores de la situación.

Caso concreto: ninguna autoridad procedió al desarme de los jóvenes que abiertamente portaron armas de alto poder.

En los comunicados de las autoridades parecieron renunciar a la persecución del delito y solo establecieron una presencia de cuerpos de seguridad pública que terminan por favorecer a los grupos que irrumpieron el orden.

La Guardia Nacional, según declaraciones de autoridades municipales y estatales ya está actuando en Guerrero de manera informal o por lo menos es un conjunto de agrupaciones de cuerpos de seguridad estructurados a semejanza de lo que se plantea para ese cuerpo superior, en los hechos se observa que la prioridad está en otros lados y guerrero quedó en lista de espera.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 reconoce de la existencia de la corrupción como un factor corrosivo del estado de derecho el cual habría que restaurar y ese factor, estuvo presente en los hechos de Morelos y Guerrero durante la reciente semana.

En el PND hay una propuesta de cambio al paradigma de la seguridad que se resume en su abandono como política central del gobierno, esto es, la reacción policial ante el hecho criminal.

El futuro de esa propuesta descansa, por lógica, en dos elementos: la eficacia que por sí misma tenga y su correcta instrumentación. La bondad de lo diseñado, como ha pasado muchas veces, se puede ir al barranco por elementos de mera operación; por ejemplo, falta de coordinación con los otros órdenes de gobierno, carencia de colaboración al interior del gabinete o rechazo de la sociedad al nuevo paradigma; así también, porque fracasen las políticas públicas en educación, desarrollo social o generación de empleo. Dicho sea de paso, y no es cosa menor, estos tres últimos son los rubros sobre los cuales el gobierno ha insistido que se construirá la verdadera paz.

Cuando ves el futuro, siempre te dice que es mucho lo que falta por hacer para acercarse diría la abuela.