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ACAPULCO, Gro., 5 de junio de 2019.- En el Día Mundial del Medio Ambiente al menos 50 trabajadores de ese sector para oficinas del gobierno federal, desempeñan sus labores bajo incertidumbre.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador envió el documento el 13 de mayo pasado a los administradores y en él exige la devolución de “plazas no autorizadas” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Trabajadores de confianza y no sindicalizados dijeron estar en indefensión laboral, pues sus oficinas defensoras se ubican en Ciudad de México.
Los trabajadores, quienes pidieron la omisión de sus nombres, advirtieron que nadie les ha comunicado cuál será el proceso para finiquitar a unos 28 trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde ya hubo tres despidos esta semana.
Otro grupo de empleados son los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues 17 adscritos a la delegación de Guerrero, carecen de una plaza; y aunque 10 de ellos están inscritos en el Servicio Profesional de Carrera, lo hicieron hace apenas uno, tres o cinco años, pero cuentan con antigüedades que van de los cinco a los 20 años de servicio en esa dependencia.
Los trabajadores consultados mencionaron que van unos 20 mil despedidos en la federación, de los cuales seis mil son del sector ambiental. Destacaron también que actividades deportivas que representan algún gasto, fueron suspendidas, a pesar de que su promoción sea responsabilidad de los sindicatos.
Consultado al respecto, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, Óscar Rangel Miravete explicó que esa dependencia estatal no está facultada para recibir las denuncias de los trabajadores de dependencias públicas federales ni estatales, salvo los organismos públicos descentralizados y asuntos de índole empresarial o sindical.
El memorándum y la circular
De acuerdo con una copia de la circular número seis del sector ambiental -que involucra Semarnat, Conagua, Profepa, Conanp, y Conafor- señala en las medidas de nómina y servicios personales para mandos y enlaces, que deberán desocuparse todas las “plazas no autorizadas” antes del 30 de junio y “ajustarse a las estructuras orgánicas”.
“Las instituciones deberán realizar el trámite de devolución de plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el correspondiente trámite organizacional ante la Secretaría de la Función Pública a más tardar el 30 de junio” de este año.
Advierte que serán eliminadas las plazas de las oficinas de nivel dirección general adjunta que “fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón”.
Indica que no habrá personal de confianza en altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias en entidades.
Acerca de las medidas relacionadas con el gasto operativo de las dependencias se enlista la reducción de 30 y hasta 50 por ciento para compras varias y gastos de representación, viajes y boletos de avión para funcionarios.
En el inciso de la “reestructuración pendiente”, se exhorta a revisar programas “de poco beneficio” para la población y se eliminen gastos superfluos para ponderar “lo fundamental, estratégico y de mayor alcance social”.