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ACAPULCO, Gro., 5 septiembre del 2019.- Para garantizar el cumplimiento de la actividad fiscalizadora, el diputado Antonio Helguera Jiménez propuso reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, a efecto de clarificar los criterios que deberá observar la Unidad de Control y Vigilancia al momento de practicar auditorías y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior del Estado.
Además, para establecer que en caso de que el auditor superior del estado no presente en el año correspondiente -sin causa justificada- los informes Individuales y el general, se le impondría una sanción prevista en la Ley.
De acuerdo con un boletín, al presentar la iniciativa, el legislador dijo que la rendición de cuentas y la fiscalización se han convertido en un tema de alta prioridad para la sociedad.
Agregó que si el uso de los recursos públicos no es transparente, eficaz y eficiente, y si se perpetúa una visión patrimonialista y abusiva de los cargos públicos, se reducen las posibilidades de un ejercicio democrático de los asuntos públicos.
“La rendición de cuentas y la fiscalización superior, cuando son efectivas, representan un factor adicional para la gobernabilidad, gobernanza y desarrollo de las sociedades. El ejercicio fiscalizador es, sin duda, un tema sensible y delicado para los sujetos obligados; sin embargo, también constituye un instrumento de gran utilidad para que los gobiernos realicen un mejor uso de los recursos públicos”, expuso.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política planteó que es necesario adecuar las leyes para garantizar el cumplimiento de la actividad fiscalizadora y su vigilancia, especificando los criterios que deberá observar la Unidad de Control y Vigilancia al practicar auditorías y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior del Estado.
Dictámenes
Los diputados aprobaron el Dictamen para adicionar un capítulo a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativo a la transparencia y el acceso a la información pública, para establecer las obligaciones que tienen los ayuntamientos como sujetos obligados, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
También aprobaron reformas para que los ayuntamientos integren y pongan en funcionamiento el Sistema de Protección Civil Municipal, como un organismo con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión, fomentando una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil, con énfasis en la prevención y autoprotección de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad.
Igualmente, aprobaron los dictámenes donde emiten juicio a favor de la regidora del municipio de Quechultenango, Liliana Salazar Castro, para que desempeñe funciones edilicias y en el área de salud; y el juicio en contra del regidor de Tlacoapa, Hugo Zeferino Mejía, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.
Asimismo, quedó de primera lectura el dictamen de reforma a la Ley de participación Ciudadana.