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ACAPULCO, Gro., 21 de octubre de 2019.- El gerente general de Minera Media Luna (MML) subsidiaria mexicana de Torex Gold, Faysal Rodríguez Valenzuela afirmó que el retiro del Fondo Minero de las comunidades, promueve la generación de conflictos sociales que las empresas tendrán que sortear, pues dejarán de recibir al menos 30 proyectos de infraestructura tan sólo en Cocula.
Rodríguez Valenzuela reprochó que luego del decreto emitido por el gobierno federal que desaparecen las comunidades mineras como beneficiarias para ejercer lo recaudado, ninguna empresa minera se pronunciara en contra, pues los más afectados serán los habitantes de dichas localidades.
“El actual gobierno federal nos quitó el Fondo y tiene un impacto muy grande hacia las comunidades. No estoy de acuerdo con la Cámara (Camimex) y el sector ni pío dijo. El Fondo tiene un impacto tremendamente positivo, directo a las comunidades, nadie dijo nada, ni una nota de prensa, ninguna declaración de las empresas mineras. Va a tener consecuencias negativas, no para nosotros, sino para las comunidades y para la gente”, reclamó.
El año pasado, Guerrero debió recibir 140 millones de pesos, que serían destinados para infraestructura de comunidades asentadas cerca de empresas mineras
Advirtió que se acerca una fuerte presión social, pues las consecuencias serán hacia las empresas mineras.
Seguridad
Faysal Rodríguez expuso que la seguridad es un tema “sensible” pues la zona de producción mineral es vecina de áreas donde confluyen diferentes grupos se civiles armados gestados en la Sierra que, se ampliaron hasta Valerio Trujano, Tepecoacuilco y el Balsas, Cocula, ambos municipios pertenecientes a la región Norte de la entidad.
“Estamos en medio de donde operan diferentes grupos criminales. Sabemos cuán sensible es nuestra presencia aquí y sabemos también que la derrama económica que nosotros generamos, influye también en el interés de diferentes grupos armados que hay en la región. No hay que ser inocentes en el tema y esa es nuestra realidad”, advirtió el directivo.
Durante la visita a la empresa este lunes por un grupo de reporteros que participó en el seminario Desafíos de la minería ante un nuevo entorno y, al que estuvo invitado Quadratín, el ingeniero de minas expuso: “El contexto que tenemos de la operación en Guerrero no es fácil. Tenemos un contexto de seguridad, uno sindical y la relación con la comunidad, tienen sus aristas”.
Explicó que las policías comunitarias presentes en al menos dos puntos carreteros entre Valerio Trujano y El Balsas, buscan protegerse de posibles incursiones de otros grupos.
No obstante, aclaró que tales grupos armados no sirven para protección de la empresa minera. “Vivimos en ese contexto y hemos aprendido a manejarlo. Tenemos comunicación para garantizar que a nuestro activo no le pase nada”, dijo.
Añadió que los sistemas de protección de MML son la Policía Auxiliar del Estado y seguridad privada.
Ejidos
Rodríguez Valenzuela añadió que el diálogo para sortear los conflictos con las comunidades es constante y ante cualquier inconformidad en ellas, de lo contrario se convierte en un problema que crece.
Habló de la demanda que promovieron ejidatarios de la comunidad reubicada Real del Limón, para anular del contrato de ocupación temporal.
Real del Limón y La Fundición son comunidades reubicadas por la empresa minera en 2016, que costó 40 millones de dólares la construcción de más de un centenar de casas y otros 17 millones la apertura de caminos y pavimentación de los mismos.
Añadió que la elección del comisariado ejidal que promovió la demanda de nulidad, fue ganada en mayo pasado por ex trabajadores que promovieron el bloqueo en la mina.
El asunto, dijo, se está llevando en el Tribunal Agrario y el proceso legal avanza.