Caminos del sur/Manuel Nava

El fondo del Fondo Minero

La decisión en el Senado para desaparecer el Fondo Minero de la Ley Federal de Derechos, provocó una confrontación intensa sin llegar a tocar la otra historia reciente que este mecanismo tiene con no menores implicaciones. Se trata de otro episodio en la pugna por los recursos monetarios.

El Fondo Minero entró en vigor en 2014 y se conforma por el pago de las empresas extractivas por los derechos a la actividad minera -especial, adicional y extraordinario-.

El artículo 271 establece que deberán usarse para generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones.

Para el año que finaliza, el fondo ascendió a 4 mil 500 millones y se distribuyen en municipios de 28 entidades, a partir del próximo año, será diferente, los recursos se canalizarán en 85 por ciento a la secretaría de Educación Pública.

No se trata de una sorpresa. En febrero de este año, la Secretaría de Economía informó que los estados, los municipios y las empresas ya no participarían en las decisiones sobre cómo se aplicarán los recursos del Fondo Minero, una facultad que ahora sólo recaerán en el gobierno federal.

Hasta 2018, los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras decidían el uso de los recursos del Fondo Minero.

El fondo en cuestión es derivado de la Reforma Fiscal, en Enero de 2014 se estableció el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para empresas mineras. Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus Artículos 271 y 275, se constituyó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, con el 80 por ciento de la recaudación del pago de los Derechos, para la realización de obra  de infraestructura social.

En el caso de Guerrero los municipios que se benefician con la minería son Tetipac, Zumpango del Río, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia, Petatlán y Cocula.  Con el recurso del impuesto  y se realizan obras de impacto social, como son pavimentación, electrificación techumbres, entre otras acciones que impulsan el desarrollo de las localidades.

Pero otro de los argumentos que pesan sobre la decisión de redireccionar el Fondo Minero es el combate a la corrupción y durante  el sexenio de Enrique Peña Nieto, de los 8 mil 762 millones de pesos que recibieron de 2014 a 2017 los gobiernos estatales y municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, no se reportó el destino de 3 mil 017 millones de pesos (34.43 por ciento).

Hay otras entidades, entre ellas Guerrero, que no han recibido los recursos correspondientes del citado fondo entre 2017 y 2018.

Desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento

Según el informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que de 17 proyectos investigados en torno al Fondo Minero, la Sedatu no tenía reportes de avance físico financiero en los 17, ni programa de ejecución en 11, y 9 no contaban con acta de entrega-recepción por parte de los estados o municipios.

Aunque los estados y municipios reportaron inversión en obra pública eso no significa que lo hayan hecho porque “la Sedatu realiza un ejercicio de fe al no contar con los comprobantes necesarios que demostrarán efectivamente el ejercicio de los recursos”.

De los más de 5 mil 745 millones de pesos de lo destinado del Fondo Minero que ejercieron los cinco estados y municipios entre el 2014 y 2017, en promedio un 70 por ciento se usó para la construcción e infraestructura como pavimentación y mantenimiento de calles.

Y todavía más, la Sedatu no publicó las actas sobre la toma de decisiones por lo que no puede constatarse si los Comités funcionaron como órganos de representación de comunidades, pueblos y núcleos agrarios.

Otra anotación clave en el debate que se dará en los próximos días está en los personajes que tuvieron la titularidad de la Sedatu entre 2014 y 2017. Eso llevaría al terreno de las confrontaciones político-judiciales.

La codicia siempre está en el origen de los conflictos diría la abuela.