Video capta momento en que fue dejado cadáver de alcalde de Chilpancingo
ACAPULCO, Gro., 8 de mayo de 2020.- El fundador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández alertó que la quiebra de la economía indígena dependiente de las remesas, obliga a que las familias trabajen en los campos agrícolas en entidades donde enfrentan la cúspide de casos de Covid 19 como Sinaloa.
Estimó que unos 800 guerrerenses originarios de cinco municipios partieron entre el jueves y este viernes hacia Chihuahua a bordo de autobuses para trabajar en la pizca de chile jalapeño en Delicias, Chihuahua.
Asimismo, indicó que han vuelto de otras entidades, unos dos mil 500 jornaleros que trabajaron en las cosechas durante el invierno.
Abundó que tan sólo a la comunidad de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, llegaron 15 camiones esta semana, lo mismo ocurrió en la comunidad de Santa María Tonaya también de esa ciudad, a donde han llegado unos 10 autobuses y camionetas familiares.
“Del municipio de Cochoapa, de Metlatónoc, también han llegado, por lo que hablamos de alrededor de 70 camiones que han estado regresando con la gente, pero también están los camiones que se van”, dijo en entrevista telefónica para Quadratín.
Sin garantías de inmunidad
Barrera Hernández advirtió que si los casos de Covid 19 llegan a las comunidades más apartadas en La Montaña, no habrá cura para los enfermos, pues el hospital más cercano está en Chilapa y hay comunidades aún más alejadas de las cabeceras municipales.
Subrayó que el panorama “se muestra desolador ante un escenario de que haya contagios incontrolables de Covid en La Montaña, y quienes van a pagar con su vida será la gente con mayor vulnerabilidad, que son las mujeres, los ancianos, los migrantes, los jornaleros, y no hay forma de protegerlos ni garantizar que no serán afectados”.
La federación y el estado
Mencionó que la Secretaría del Trabajo federal está obligada a supervisar el cumplimiento de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el Covid 19, para garantizar no sólo sus derechos laborales, sino también el derecho a la salud y atender a las familias jornaleras.
Informó que hay tres mil 465 personas que viajaron a los campos agrícolas del norte del país y que integran el censo del Consejo de Jornalero Agrícolas del año pasado. Dichas personas son originarias de los municipios de Cochoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y de comunidades de Tlapa, precisó.
“Lo que queremos es que se haga un trabajo de monitoreo a nivel oficial y con el gobierno del estado establecimos mesas de trabajo desde hace tres semanas y ya se estableció un fondo de dos millones para el pago de la cremación de los migrantes que están lamentablemente reportados como fallecidos; mil dólares del gobierno del estado y mil del consulado de Nueva York”, detalló.
Mencionó también que se dispusieron cinco mil despensas para los jornaleros que viajan a otras entidades, que envió el gobierno estatal para apoyarlos.
Las opciones
Ahora la pandemia, explicó, ha obligado a que las familias busquen opciones porque antes estaba la siembra de enervantes como una opción ilícita, pero que ante las necesidades, la gente lo tenía que hacer, sin embargo con la caída del precio deben salir a los campos, porque antes costaba 25 mil y ahora cinco mil, y no sacan para los gastos básicos y el trabajo mismo.
No obstante, sostuvo que también incrementa la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
“Los jornaleros son como la tablita de salvación para volver con algún dinerito que les permita vivir durante todo el año”.
La cobija no alcanza
El antropólogo dijo que han buscado que el gobierno federal establezca un programa especial de granos básicos, pues el contexto de las familias indígenas agrícolas y migrantes, es de alta marginación, olvido, y de mucho mayor riesgo a pesar del aislamiento de los pueblos en La Montaña.
“Con los programas sociales que se están implementando no alcanza la cobija para cubrir todas las necesidades, es una parte mínima de lo que va a necesitar la gente para poder satisfacer todas sus necesidades básicas”, expresó.
Recordó la existencia del Consejo de Jornaleros Agrícolas, conformado hace 12 años en la región de La Montaña e integrado personas que fueron jornaleras y han vivido el viacrucis de la discriminación en los campos agrícolas.
Dicho Consejo se encarga de La Casa del Jornalero que brinda atención básica a las familias que migran a entidades con campos agrícolas.
Funerales continúan
Comentó que otro aliciente a los contagios en las comunidades, son las tradiciones funerarias, pues la pérdida de un integrante de las familias indígenas es motivo de reunión en la comunidad.
“De los que han muerto acá no ha habido cuidado, en el sentido de que la población no está convencida de que esta enfermedad es fatal y en los fallecimientos, lamentablemente en las familias hay cercanía. Es un trabajo de los ayuntamientos de que tienen que informar y sensibilizar a la población para que al mismo tiempo del duelo, sepan que por la salud de los demás debe haber medidas y se eviten el ritual”, señaló.
Destacó que en Tlapa, Xalpatláhuac y en Huamuxtitlán, donde se tiene registro de muertes por Covid 19, no hubo la aplicación de las medidas de distanciamiento en los rituales funerarios, pues los deudos los realizaron.
Cambiar la estrategia
El merecedor del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Abel Barrera pidió a las autoridades una mejor estrategia para subrayar la necesidad del distanciamiento social y que los gobernantes no sólo visiten las comunidades, sino que cumplan con su obligación de velar por las personas.
“Tiene que haber esfuerzos extraordinarios de las autoridades del estado, la federación y el municipal para que en esta reciprocidad, que la ciudadanía vea que las autoridades hacen su parte, porque si con la lejanía de una pantalla mandan la información, no creo que eso resuelva algo, sino que es necesario estar allí e implementar acciones efectivas”, acotó.