Teléfono rojo
El decreto promulgado este 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, donde se otorgan al Ejército mayores funciones en el combate a la inseguridad es un hecho preocupante.
Uno fue el AMLO en campaña y otro es el AMLO en la toma de decisiones, y los vaivenes del Presidente podrían llevar al país de la esperanza del cambio a la incertidumbre.
No obstante que se ofrece que el Ejército actúe por el resto del sexenio de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en esta decisión hay un reconocimiento implícito de que las cosas no marchan bien.
En el acuerdo no se aclara la forma en que va a operar este nuevo modelo, por lo tanto se pone en duda las normas primarias y secundarias que dieron sustento jurídico a la actuación de la Guardia Nacional. Esto no es una buena señal.
Hay que recordar que estas leyes surgieron resultado de un proceso legislativo de Parlamento Abierto, al cual acudieron la sociedad civil, académicos, gobernadores y alcaldes.
Se dijo que habría un mando civil, pero con este decreto es evidente que se privilegia el esquema de operación militar… No sabemos hasta qué grado.
Tampoco es buena señal la forma en que se determinó esta medida, muestra de la concentración de poder en un gobernante proclive a tomar decisiones unilaterales.
No vamos a calificar si estas decisiones son buenas o malas, porque debemos reconocer que la violencia es por mucho, la epidemia más letal que enfrentamos.
El país vive momentos excepcionales y se deben tomar decisiones excepcionales.
Pero la responsabilidad no está solamente en manos del Presidente.
Para recobrar la paz, mucho tienen que aportar los gobernadores y los presidentes municipales… Pero no se pavimenta el camino para un Gran Acuerdo Nacional.
Por eso preocupa, que este gobierno no escuche a la sociedad civil, que no llegue a consensos con los gobernadores, que descalifique a los que piensan distinto; recrimine a la crítica periodística, y desmantele instituciones.
Si el poder tiene como referencia su propia voluntad pierde legitimidad, y sólo le queda imponer la autoridad.
Llama la atención la capacidad del presidente López Obrador de hacer acuerdos con los militares, de los cuales es Jefe Supremo. A ellos encarga la construcción de los Bancos de Bienestar; la vigilancia de ductos petroleros; la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y recientemente y de manera solidaria, apoyar la atención médica y hospitalaria a la epidemia.
Hoy los convocan a salir a las calles para complementar el trabajo con pobres resultados de la Guardia Nacional.
Estemos atentos a que esta incursión de nuestras Fuerzas Armadas, no signifique un retroceso en los derechos humanos, y que no se repitan episodios amargos de todos conocidos, en diferentes regiones del país.
Que no se hagan a un lado en el nuevo esquema, la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios.
Por el bien de todos, deseemos éxito a este nuevo esfuerzo para recuperar la paz.