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CHILPANCINGO, Gro., 16 de junio de 2020.- Integrantes del Movimiento Campesino Guerrerense acusaron que funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal, de la Secretaría del Bienestar y de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria se pelean el control del programa de fertilizante, razón que provocó el retraso en la entrega del abono en Guerrero y que más de 40 mil pequeños productores quedaran fuera del padrón este año.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campo, dijo que el subsecretario de Seguridad Alimentaria, Víctor Suárez, junto con su grupo Coordinadora de Comisariados y la Coordinadora Nacional de los Servidores de la Nación, obtienen documentes a través del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria para chantajear a los comisariados municipales, indicándoles que ambas organizaciones son las que deciden quién ingresa al padrón.
Denunció que la acción de la Coordinadora de Comisariados y la Coordinadora Nacional de los Servidores de la Nación es para beneficiar a militantes de Morena y condicionar el apoyo de los campesinos.
Por su parte, el dirigente de Antorcha Campesina, José Juan Bautista Hernández, indicó que el conflicto político se debe a que los funcionarios encargados del programa buscan el agradecimiento de los beneficiados con miras a las elecciones de 2021 en Guerrero.
“Lo único que hemos hecho es reclamar que existen fallas en el programa de fertilizante y la exclusión de pequeños productores (…) nosotros no tenemos ningún interés electoral, pero si así lo fuera y dentro del Movimiento Campesino Guerrerense hubiera alguien que busca algo político, se vale porque tenemos derecho, no es un delito. Estamos en México, en un país democrático, pero sí se busca criminalizar al Movimiento Campesino para que este no proteste y este se dedique a obedecer”, apuntó.