Exigen padres agilizar captura de militares involucrados en caso Iguala

CHILPANCINGO, Gro., 26 de septiembre de 2020.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes del Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 en la capital para conmemorar que se cumplen 75 meses de los hechos de Iguala, y exigieron al gobierno federal agilizar las investigaciones del caso, específicamente la detención de militares que participaron en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Más de 50 personas participaron en el acto en la avenida Lázaro Cárdenas, la cual estuvo bloqueada por alrededor de una hora. Ahí, Francisco Javier Echeverría de Jesús, hermano de Gabriel, alumno asesinado en el desalojo violento a la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, manifestó su rechazo a la Ley de vías generales de comunicación, que fue aprobada el pasado 15 de diciembre por diputados federales para castigar hasta con siete años de prisión y multa a quienes incurran en la toma de casetas federales.

Francisco Echeverría calificó la nueva norma como una ley tonta cuya intención es criminalizar la lucha social. “Los diputados no conocen ni saben de luchas sociales, del financiamiento emergente a movimientos sociales, ni de la falta de apoyos hacia las víctimas de desparecidos en el estado”, señaló.

Por los padres de los 43 habló Melitón Ortega, quien dijo que aunque la pandemia les impidió acudir a Ciudad de México e Iguala, no frenó la protesta en Chilpancingo porque el gobierno estatal colocó a la capital en semáforo amarillo.

En cuanto a la exigencia, pidió al gobierno federal que en la reunión que tendrán en enero para conocer el avance de las investigaciones, se convoque a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que expliquen la falta de aportación de pruebas al caso.

También solicitó que acuda el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que informe sobre la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión y las carpetas de investigación contra quienes fueron funcionarios del gobierno de Guerrero en 2014, que pudieran estar involucrados en el caso Iguala.