Resalta SEG políticas públicas para educación inclusiva y equitativa
Chilpancingo, Gro., a 21 de abril del 2021.- La diputada Rocío Alonso Reyes presentó una iniciativa de adición a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para que, como principio rector, los sujetos obligados promuevan, respeten, protejan y garanticen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como la inclusión con perspectiva de género.
De acuerdo con un boletín, la legisladora manifestó que se pretende incorporar a las personas de manera significativa y evitar la exclusión del género femenino, logrando que los principios de igualdad sean plasmados en las políticas públicas y proyectos de las instituciones, de la mano con los procesos de transparencia.
Externó que mediante el ejercicio de la transparencia se hace más evidente la existencia de desigualdades, al difundirse información que contribuye a la colocación del tema de la paridad en la agenda de las instituciones, acto que coadyuva a la discusión y genera la concientización para que los sectores afectados puedan alzar la voz ante las injusticias.
Manifestó que un claro ejemplo de cómo la transparencia es una herramienta indispensable para trabajar en materia de paridad de género e igualdad de condiciones, son los datos que aporta el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) en relación a que en México las mujeres ganan, en promedio, 34.2 por ciento menos que los hombres, siendo que realizan el mismo trabajo, situación que debe cambiar en todas las instituciones del país.
Alonso Reyes argumentó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero no garantiza la participación de las mujeres en la toma de decisiones, razón por la cual presenta esta iniciativa, con la intención de otorgar visibilidad de la desigualdad entre hombres y mujeres y tomar medidas legales y acciones concretas con visión de largo plazo, voluntad política y compromiso por parte de todas las instituciones.
Esta propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su análisis y emisión del respectivo dictamen.