Caminos del sur/Manuel Nava

Corrigiendo el pasado

Los abusos del poder público en el país tienen carta blanca, es decir, están permitidos, toda vez que el organismo que tiene como misión proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, es omiso.

La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos es en parte consecuencia de la impunidad y la corrupción, hechos que menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que contribuye a exacerbar el clima de violencia.

Pero no solo estamos viviendo una violencia institucional, hay agentes no gubernamentales que también están incurriendo en la violación de los derechos humanos y hasta en el ejercicio bárbaro de la violencia.

El rebase de la macabra cifra de 100 mil muertos por homicidio doloso en lo que va del sexenio de AMLO, conlleva necesariamente, también, de forma paralela, la transgresión a los derechos humanos, de las víctimas, de sus familiares y de todo aquel que haya sido afectado por el daño colateral de los coletazos de la violencia.

El 7 de octubre se publicó el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que se crea la Comisión con carácter transitorio, como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990.

Ante la realidad en que estamos inmersos, el decreto plantea un dilema: La violación de los Derechos Humanos solo puede ser atribuida a las entidades gubernamentales. En ese caso, la violencia que ejercen agentes gubernamentales solo quedaría tipificada como delito aun y cuando también estén ejerciendo acciones que transgreden a los derechos humanos.

En términos jurídicos entre las principales violaciones a los derechos humanos figuran: discriminación, tortura a las personas, privación de la vida, allanamiento de vivienda, no respetar la privacidad de los datos, hacer trabajar a menores de edad, privar de la prestación de servicios esencial, por mencionar algunos.

Esta caracterización inicial sirve para deducir que una violación grave o seria es aquélla que atenta a los derechos considerados indiscutiblemente como primordiales, la vida, la integridad personal y la libertad.

La óptica oficial de los Derechos Humanos tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos, pero no da seguimiento de lo que hacen los agentes no estatales.

1) El incremento sustancial en el uso de la fuerza como mecanismo para obtener el monopolio del poder (sea por grupos criminales, el Estado o una combinación de ambos), que se refleja en la gran cantidad de homicidios2 (362 mil 463 entre el 2006 y el 2020) y en el número de personas desaparecidas y no localizadas3 (70 mil 089 entre 2006 y el 2020).

2) La falta de respuesta proporcional a la emergencia por parte de las autoridades, que se exhibe en la poca inversión presupuestal en los servicios médicos forenses del país, la falta de personal calificado, las prácticas poco profesionales e indignas, el uso de tecnología desactualizada para la gestión de información y para el seguimiento del resguardo de las personas fallecidas no identificadas.

El decreto, busca saldar una cuenta pendiente con el pasado, lo que ciertamente se hace necesario, pero la construcción del Estado de derecho debe tener salvaguardas contras todos aquellos que pueden incurrir en este tipo de anomalías.

Los habitantes de la Región Pacifico Sur hemos estado expuesto no solo a los abusos de fuerza por entidades gubernamentales sino también por caciques y otras expresiones informales de poder político.

De 1976 a 1994 la espiral de violencia ha ido en ascenso. Pero esta no sólo proviene de los gobernantes sino también de diferentes grupos de poder y de presión. Los primeros en utilizar la violencia en contra de campesinos, mestizos e indígenas, han sido los finqueros, en complicidad con los poderes locales cuyos tentáculos se extienden hasta las mismas fincas. El estado ha utilizado al ejército nacional y a diferentes cuerpos policiacos, federales, estatales y municipales.

El mismo periodo en Guerrero estuvo caracterizado por luchas sociales contra el cacicazgo y la expansión de la pobreza. En Michoacán la historia es muy parecida y en Oaxaca se recrudece la situación con la violencia hacia los liderazgos indígenas.

El rosario se matanzas, desaparición o asesinato de líderes sociales resulta interminable, pero hay que sumar las acciones de las bandas del narcotráfico y su muy particular forma de ejercer la violencia ya sea para eliminar adversarios o para el sometimiento de las personas.

Sin prevenir no hay eliminación de los males, diría la abuela

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Fuentes:

Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica