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CHILPANCINGO, Gro., 30 de noviembre de 2021.- Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de personas desaparecidas lamentaron y reprocharon que los diputados de Morena no hayan considerado al abogado Vidulfo Rosales Sierra en la lista de aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este lunes Quadratín informó que el Congreso dio a conocer la lista de 44 aspirantes a la fiscalía, sin embargo, el nombre de Rosales Sierra no apareció.
Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales, respaldado por padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de integrantes de Tlachinillan, dijo a las agrupaciones lo proponen que él no se prestará en participar en el proceso de designación de la Fiscalía, porque tanto el poder ejecutivo y legislativo de Guerrero no tienen voluntad política para reestructurar de raíz a la fiscalía, además de que consideró que el proceso es viciado y de simulación.
Propuso a las organizaciones sociales, unirse y formar un frente de víctimas y de derechos humanos para seguir su exigencia de justicia a quien llegue a la FGE.
Este martes, en la plazuela de la Libertad de Expresión de Chilpancingo, arribó el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz; Diana Hernández, hija del fallecido luchador social, Ranferi Hernández, además de los colectivos y organizaciones.
Marco Antonio Suástegui y Diana Hernández coincidieron e insistieron que Rosales Sierra era el mejor candidato para ocupar el de fiscal, ya que aseguran, es un abogado que siempre ha acompañado a las víctimas de la entidad.
En su intervención, Vidulfo Rosales agradeció a las organizaciones que lo impulsaron pero rechazó participar, ya que manifestó que en Guerrero no hay autoridad con voluntad política para hacer justicia y que en el Congreso no hay sentimientos en favor de la necesidad de las organizaciones y de las víctimas.
Prueba de ellos, dijo, es que ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, no concedieron ninguna reunión a las organizaciones sociales que lo promovían como fiscal.
Dijo que la gobernadora hizo oídos sordos a las propuestas de las organizaciones y por parte de los diputados evidenciaron que están muy lejos de querer restructurar a la fiscalía y hacerla transparente, cercana a las víctimas.
Afirmó que el nombramiento ya se tiene decidido, basado en criterios de intereses políticos, económicos, de grupo de poder y no en favor de los necesitados.