El costo de la omisión de los empresarios

La aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador está en vías de aprobación en la Cámara de Diputados. En la puja no están la sociedad, los sectores productivos, los expertos o las inversionistas, a pesar del presuntuoso parlamento abierto. Tampoco involucra al bloque opositor en su conjunto. El acuerdo se remite a la coalición gobernante y a dos dirigentes que se asumen dueños del PRI: Rubén Moreira y Alejandro Moreno.

Lo que está de por medio no son las bondades o virtudes de la reforma; tampoco las comas, letras, palabras o párrafos que habrían de cambiarle. Es un simple y vulgar chantaje al presidente: dame las gubernaturas de Durango e Hidalgo, y te daré tu reforma.

Efectivamente, tras siete de los 19 foros del parlamento abierto, Rubén Moreira, aseguró que hay “puntos de encuentro” para aprobar la iniciativa de contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, exige que sea votada después de las elecciones de junio. Más claro no puede ser. Si el parlamento abierto concluye el 14 de febrero y el periodo de sesiones ordinarias del Congreso se dará del 1º al 30 de abril, ¿cuál es la razón para retrasar el proceso legislativo hasta septiembre o si hay extraordinario a junio o julio?

La respuesta es evidente: el chantaje, esperar los resultados de las elecciones y de esta manera condicionar los votos legislativos de los tricolores a favor del proyecto eléctrico al triunfo de los candidatos del PRI, al menos en Hidalgo.

Los empresarios y sus representantes han actuado con torpeza derivado de la falsa confianza de que la reforma no pasará. Los inconvenientes y desastrosos efectos de la contrarreforma en la economía nacional les hacen creer que el sentido común llevará a su rechazo. También suponen que la inconformidad de gobiernos extranjeros, particularmente del norteamericano, les hará la tarea. Un empresariado indolente, descastado y timorato es el factor más importante para que la reforma sea realidad. Las groseras y ofensivas expresiones del director de la CFE, Manuel Bartlett después del parlamento abierto, no les merecen ninguna atención. El silencio, los desplegados o la ambigüedad es el refugio de una actitud que bien puede calificarse de cobarde. No hay diálogo, mucho menos el debate público que merece un proyecto de tal importancia. Por la desinformación y la propaganda gubernamental, la opinión pública desconoce lo que se discute, incluso hace propia las falsedades que se asocian a la contrarreforma.

El chantaje de Rubén Moreira no significa que todos los diputados del PRI se le sometan, aunque que ya ganó el acuerdo de que se votará en bloque, tampoco que los senadores tricolores le acompañen en su juego. De la misma forma, López Obrador no es dueño de los votos ciudadanos en Hidalgo, Durango o cualquier otra parte. Aún así, quienes se oponen a la contrarreforma debieran fijar públicamente posición y no dejar que otros les hagan la tarea.

La economía nacional ya no da mucho margen para la irresponsabilidad de sus políticos, gobernantes y legisladores. La situación es crítica. México es de los muy pocos países que no recuperará en este año y, quizá, ni en el otro, el dinamismo económico previo a la pandemia. A contrapelo de las declaraciones oficiales o de las infundadas creencias del presidente, la inversión ha disminuido porque se ha retirado al no ver condiciones propicias, esto es, porque el gobierno ha sido el principal promotor de incertidumbre y de desconfianza debido a sus políticas y su reiterado desdén por la certeza de derechos.

En un entorno económico complicado en extremo, los políticos de espalda a la realidad negocian y acuerdan como si el país fuera de ellos. Efecto de la omisión de muchos, particularmente de los empresarios y sus representantes.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto