Proponen reforma a Ley de Protección Civil de Guerrero
OMETEPEC, Gro., 24 de febrero de 2022.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la diputada Marben de la Cruz Santiago subrayó que no se puede detener el proceso para que las localidades Huehuetán en Azoyú, Huixtepec en Ometepec, Chimalapa en Igualapa y San Cristóbal en Tlachoachistlahuaca, se conviertan en cuatro nuevos municipios.
La legisladora reconoció que “hay personajes que se quieren aprovechar de los pueblos”, sin embargo remarcó que las comunidades más vulnerables son las indígenas y afromexicanas, mismas que han sufrido ” violencia presupuestal, desde hace muchos años han sido abandonados por los presidentes municipales”.
Dijo que por ello, a esas localidades se apoya de manera colectiva para que logren su municipalización, a fin de que los habitantes tengan mejores condiciones en infraestructura, salud, educación.
Abundó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que para esos procesos de convertirse en municipios, se debe llevar a cabo una consulta a los pueblos por medio del asambleismo, ya que la asamblea es la máxima autoridad en las poblaciones originarias y afrodescendientes.
Aclaró que se podría pedir que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEP´C) coadyuve para realizar la consulta en los pueblos con la mayor transparencia posible.
La legisladora expuso que en la municipalización también tienen que coadyuvar los habitantes de las localidades que serán consultados, los comités de gestoría, el Cabildo de los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo como ya lo hace a través del secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el Poder Legislativo por medio del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel y la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos que ella encabeza.
Dijo que en el acta de acuerdos que se firmó el pasado 2 de febrero después de que habitantes bloquearon la carretera tres días, éstos también se comprometieron a no afectar derechos de terceros, ni bienes del Estado ni las vías de comunicación.