Caminos del sur/Manuel Nava

Hogares perdidos

El desplazamiento de personas constituye una crisis humanitaria. Es un gran flagelo en diferentes territorios del país. Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas (ONU), inició el 29 de agosto un recorrido por el país, Durante los 13 días de la visita, dijo que se sostuvieron reuniones con más de 25 dependencias de la administración pública federal, con los poderes Legislativo y Judicial, representantes de cuatro entidades federativas: Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, organizaciones de la sociedad civil, comunidades en situación de desplazamiento y organismos autónomos de derechos humanos.

En México, la violencia generalizada, los conflictos sociales –religiosos e interétnicos– y políticos, la discriminación e intolerancia social, los megaproyectos de infraestructura, las disputas de tierras y de recursos naturales, así como los desastres ambientales, son las principales causas que

originan los desplazamientos internos forzados.

El Estado mexicano no ha reconocido este fenómeno, además de que carece de instrumentos

legales e institucionales para afrontar el problema. generalmente actúan de manera fragmentada e ineficaz, asumiendo este fenómeno como una incómoda consecuencia de la situación de violencia o bajo el argumento de que los movimientos internos de población responden a motivaciones derivadas de actividades delictivas.

El 29 de septiembre de 2020, se aprobó por unanimidad en la cámara de diputados, la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, misma que se encuentra congelada en el Senado de la República.

El desplazamiento interno tiene visos de tragedia en los habitantes de la Región Pacífico Sur pues 3 de las cuatro entidades que la conforman se ubican entres las entidades con mayor número de personas afectadas y en todas ellas se presenta un factor común: no existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno.

Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

Entre el 2010 al 2021, se documentó el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tzotzil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.

En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional y no hay resultados mayores.

En los últimos años, varias personas se han visto afectadas por la violencia generada ya sea por los conflictos territoriales, presencia de cárteles, grupos paramilitares o incluso conflictos políticos, en Chiapas es común ver este tipo de situaciones, ya que muchas personas han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la situación de violencia que viven.

Más de 117 guerrerenses han tenido que huir de sus lugares de origen por las batallas entre cárteles del narcotráfico, quienes disputan por el control de rutas para el traslado de droga entre el 2011 y el año en curso.

Se considera que es la entidad con mayor numero de personas desplazadas en los dos últimos años.

Los michoacanos huyen del estado fundamentalmente por dos motivos: violencia en sus comunidades y amenazas directas del crimen organizado. Los carteles han minado las condiciones de vida de las personas que habitan en zonas de conflicto como son los 21 municipios que conforman la Tierra Caliente de esa entidad.

La migración se ha registrado en 40 de los 113 municipios de Michoacán. Los presentan mayores desplazados son Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Morelia, Mújica, Tarímbaro, Tacámbaro, Jacona, Maravatío y Lázaro Cárdenas.

El Gobierno de Michoacán informó que 12 mil personas se han desplazado por violencia y pobreza en el estado durante los últimos siete años.

En 2019 Oaxaca fue considerada la segunda entidad con un mayor número de personas desplazadas. A los casos históricos se sumaron en 2021 nuevos desplazamientos de comunidades enteras, como Tierra Blanca Copala, Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, estos últimos en el municipio de San Esteban Atatlahuca.

De 2019 a 2021 se registraron al menos 3 mil 194 víctimas de desplazamiento interno pero el fenómeno se presente en la entidad desde hace varias décadas.

El 23 de octubre de 2021, más de 200 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado de las comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande, Mier y Terán, del municipio de San Esteban Atatlahuca, en Tlaxiaco, Oaxaca. Once más quedaron en calidad de desaparecidas. El comunicado oficial fue que “no hay desplazados ni desaparecidos de dichas localidades, sólo hay unas cuantas casas quemadas.

Históricamente, el desplazamiento forzado interno ha sido constante desde los años setenta y comenzó a tener presencia en México principalmente por casos de intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros.

No hemos aprendido a vivir juntos, como hermanos, diría la abuela.