Tregua incierta
Movimientos que revelan
La serie de temblores que se han ocurrido en fechas recientes, pone de manifiesto que el punto de origen en el rezago de materia de protección civil radica en que el enfoque prioritario está en la gestión de ayuda a damnificados por los desastres y no en la previsión de los mismos.
El otro factor es la inexistencia de una visión común para atender la problemática de los desastres en México, ya que cohabitan marcos normativos locales que establecen estrategias y acciones que, con un sentido de prevención, atienden las causas estructurales de los desastres, con otras ancladas hacia el enfoque reactivo de administración del desastre, que operan principalmente frente a la ocurrencia misma de una catástrofe.
Esta situación impide que existan estrategias, instrumentos, recursos y prácticas estandarizadas para la puesta en marcha de una política mexicana de Protección Civil homogénea, coherente y coordinada.
El reconocimiento de que los desastres están antecedidos por la existencia de condiciones objetivas de riesgo, precisa de una visión y medidas de intervención preventivas que, en términos de políticas públicas, contribuyan a prevenir, evitar o reducir los daños sociales que provocan.
Este cambio de paradigma es enarbolado por la gestión para la reducción del riesgo de desastres, esquema que pone énfasis en la prevención-mitigación basada en la articulación democrática de las fuerzas sociales, políticas, institucionales, públicas sectoriales y privadas de todos los niveles territoriales, con el propósito de afrontar los desastres de manera preventiva y desde una perspectiva del desarrollo.
La posibilidad futura de que en el territorio mexicano acontezca un desastre asociado con amenazas naturales extremas y que resulte en pérdidas humanas y materiales amerita que dicho escenario de “riesgo” adquiera un carácter público.
En México, el impacto de los desastres desencadenados por amenazas de alta magnitud y baja frecuencia ha involucrado cuantiosas pérdidas. De 1900 a 2018 se registraron 231 desastres en los que más de 20 mil personas perdieron la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados. Entre ellos, los recientes temblores del 19 de septiembre en 1985, 2017y 2022.
En México se registran cada año más de mil terremotos de una magnitud en torno al 3,5. Al estar en interacción con cinco placas tectónicas, el país es un amplio laboratorio sismológico.
un 80 por ciento de los sismos se registra a lo largo de las costas de los Estados del sureste mexicano: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Michoacán, Guerrero y Oaxaca concentran el 80 por ciento de los terremotos producidos en el último siglo. Es decir, la Región Pacifico Sur es altamente vulnerable a los desastres por movimientos telúricos.
A lo largo de la historia de Chiapas, se tiene el registro de diversos sismos importantes, de al menos una magnitud de 6, los cuales datan desde 1902, cuando un sismo M 7.7 ocurrió el 23 de septiembre en la región, siendo éste es uno de los sismos de magnitud mayor a 7.5 que se tienen registro en la zona desde la época de la instrumentación en México.
Desde el año 1900 hasta el 30 de septiembre de 2020, se han registrado 20 eventos sísmicos de magnitudes mayores a 7 en el estado de Chiapas y alrededores, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Muchos de estos eventos han causado daños y afectaciones importantes a diversas poblaciones en el estado. Cabe resaltar que han ocurrido 6 eventos sísmicos de magnitudes mayores a 7.5 en esta zona, lo que demuestra el potencial sísmico de esta región.
En Guerrero entre 1907 y 2022 se ha registrado el epicentro de al menos 12 terremotos con una magnitud de 6.5 a 7.9.
Entre 1911y 2022, el epicentro de al menos siete terremotos se ha registrado en territorio de Michoacán con una magnitud de entre6.9 y 7.7.
En Oaxaca algunos de los movimientos telúricos mas importantes han sido Huatulco 1965 (Magnitud: 7.8), Pinotepa 1968 (Magnitud:7.4), Pochutla 1978 (Magnitud=7.8), Ometepec 1982 (Magnitud=7), Ometepec 1995 (Magnitud=7), Puerto Escondido 1999 (Magnitud= 7.4).
Se ha llegado a estimar que, en su conjunto, generan cada año un promedio de 6 mil personas muertas en la región, y más de mil 500 millones de dólares en pérdidas.
Y como un problema radica en diseñar políticas de protección civil de manera reactiva y no preventiva, el punto de origen radica en aun cuando Cenapred indica que la temporalidad y recurrencia de los fenómenos obligan a mantener los documentos actualizados, ninguno de los Atlas de los estados tiene datos posteriores a 2009 y sólo cuatro entidades alcanzan nivel “avanzado”.
Los Atlas Estatales de Riesgos son obsoletos, en 13 entidades están en proceso de ser actualizados y en el resto tienen datos que no se revisan desde hace casi cinco años.
Un Atlas de Riesgo deberá contener información y bases de datos útiles para integrar y difundir el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo para la población.
Estás viendo el temblor y no te hincas diría la abuela.